SOCIEDAD
«Ellos quieren retroceder y nosotros avanzar», dice la ministra al cierre de la ronda de contactos previos a la reforma de la ley
LEY DEL ABORTO
El Gobierno recibió ayer a los grupos pro vida y a los firmantes del Manifiesto de Madrid, catedráticos y científicos contrarios al aborto, para cerrar la ronda de contactos previos a la reforma de la ley de interrupción voluntaria del embarazo y para constatar también que, aun en un debate sosegado, les separa un muro infranqueable. Las organizaciones antiabortistas persiguen la prohibición de todo aborto, incluso los ahora amparados por la ley vigente desde 1985. Una marcha atrás inadmisible a estas alturas, dijo la ministra de Igualdad. «Ellos quieren retroceder y el Gobierno quiere avanzar» hacia una ley «con más garantías», resumió Bibiana Aído tras su entrevista con la Federación de Asociaciones Provida.
En la última jornada de su ronda de contactos con los principales interlocutores en materia de aborto -clínicas abortistas, grupos provida, feministas, asociaciones de discapacitados, etc-, la titular de Igualdad se reafirmó en los postulados que guiarán la futura ley. Será una norma más garantista para las mujeres que decidan abortar y para los profesionales que practiquen legalmente la intervención, sin los atajos y «arbitrariedades» que facilita el texto actual.
«Fijaremos límites donde ahora no los hay», recalcó Aído, en alusión a que, fuera del plazo de aborto libre -14 semanas con toda probabilidad-, se pondrá un tope temporal en torno a las 22 semanas para las gestaciones que comporten grave riesgo para la madre o el feto, bajo indicación médica. Ese límite ahora no existe. El 97% de los abortos legales en España se acogen al supuesto de riesgo psicológico para la madre y se practican sin restricción temporal.
La presidenta de la Federación Española de Asociaciones Provida, Alicia Latorre, insistió ayer en que «la mujer no tiene derecho a abortar» porque «el feto no forma parte de su cuerpo». Reclamó una oficina donde las féminas que abortan puedan denunciar de manera confidencial los «gravísimos abusos» de las clínicas abortistas, «que se lucran con su dolor», y respeto «total» a la objeción de conciencia de médicos y sanitarios.
Uno de los contados puntos de concordancia con las asociaciones pro vida es la exigencia de un trámite de procedimiento informado, ahora inexistente, en el que se darán a conocer a la gestante todas las ayudas y recursos a su alcance si decide seguir con el embarazo. La futura ley incluirá además, recordó Aído, un exigente capítulo dedicado a la educación sexual entre los jóvenes y las estrategias preventivas de embarazos no deseados. Ésta es una de las principales demandas de las organizaciones agrupadas en la Red Feminista, que ayer se vieron también con la ministra. Altamira Gonzalo, de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, pidió a Aído una ley del aborto a la altura de las más avanzadas de Europa, que no ponga trabas a la interrupción del embarazo si se descubren malformaciones graves en el feto después de la semana 22 de gestación, aunque no sean mortales.
El anteproyecto, en un mes
Una vez escuchadas todas las voces, el Gobierno redactará el anteproyecto de ley y espera tenerlo listo en el plazo de un mes.
Aído se comprometió a mantener una interlocución constante con las organizaciones que ha protagonizado esta ronda de contactos.
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, defendió por su parte que las jóvenes de 16 años puedan abortar sin consentimiento paterno, como aconsejan los expertos que asesoran al Ejecutivo sobre la reforma de la ley. Si una menor de 16 años «puede casarse, ser madre o decidir someterse a una operación a corazón abierto, debería poder tomar la decisión de abortar», recalcó en un encuentro informativo.
Caamaño criticó el anuncio del PP sobre un futuro recurso de inconstitucionalidad contra la ley del aborto. «Rajoy ve muchas cosas inconstitucionales cuando está en la oposición y ninguna cuando está en el poder», sentenció. Los gobiernos del PP, de los que Rajoy tomó parte como ministro en varias carteras, aplicaron sin problemas la vigente ley del aborto. Según destacaron los socialistas, entre 1996 y 2004 se practicaron más de medio millón de abortos legales en España.
