02.04.09 -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño (en el centro, a la izquierda) durante su reunión en la Fiscalía. / EFE
El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) garantizó ayer que todos los órganos judiciales del país estarán conectados entre sí en los próximos 18 meses gracias a las nuevas tecnologías. La implantación será progresiva y afectará, en un primer paso, a trámites básicos que se hacen entre juzgados por un determinado asunto procesal. País Vasco, junto a Navarra y Canarias, serán las primeras comunidades en abandonar el uso del papel e intercambiar información oficial entre sí en tiempo real: ocurrirá antes del 1 de junio. Ya en verano se unirán Cataluña y Andalucía, y el resto lo hará de forma paulatina hasta 2010.
La idea es que un juzgado de Bilbao pueda emitir por vía telemática un exhorto sobre un aviso de pleito a un ciudadano que vive en Almería. Se evitaría así el farragoso trámite actual (fax, papel...) que puede demorar el procedimiento hasta un mes. La conexión informática abarcará también a otras Administraciones o entidades públicas, caso de la Fiscalía, Policía, Agencia Tributaria o Seguridad Social.
Pese a carecer de iniciativa legislativa y capacidad presupuestaria, el órgano de gobierno de los jueces confía en el Ministerio de Justicia para su puesta en marcha. Y alude al paquete económico que el ministro Francisco Caamaño presentó la semana pasada en el Congreso: 600 millones de euros para modernizar de la administración procesal.
Además, se implantarán sistemas informáticos más precisos que permitan el uso de canales electrónicos como la firma digital, el SMS o los instrumentos de la web para las salas de vistas. El objetivo es garantizar a los ciudadanos el derecho a realizar actos procesales por medios digitales, como ya se hace en los bancos. Caamaño concluyó ayer con una visita a la sede de la Fiscalía General del Estado su ronda de contactos con los sectores de la Justicia, iniciada tras tomar posesión, el pasado 23 de febrero.
Reducir los litigios
Por otra parte, el vocal del CGPJ Manuel Almenar planteó ayer la idea de despenalizar las conductas leves, suprimir la posibilidad de recurso respecto a delitos de poca intensidad y fomentar el arbitraje con el fin de reducir el alto nivel de litigiosidad en España.
La reducción del número de litigios es uno de los puntos contenidos en la 'hoja de ruta' de la Comisión de Modernización del Consejo y pretende reestructurar la actual planta judicial (número de jueces existentes y su organización en el territorio). En los últimos diez años se ha pasado de 6 a 9 millones de asuntos manejados por los órganos judiciales españoles.
