Los extraordinarios hallazgos de Veleia son mentira. Está dicho y requetedicho. El asunto está en manos de la Justicia, a la vez que la Diputación prosigue con un expediente sancionador a Lurmen que, en caso de actuar el juez, quedaría en suspenso.
¿Y ahora qué? ¿Qué pasa con el yacimiento? Éstas dos preguntas están en la mente de las personas vinculadas a la Arqueología, así como en los responsables institucionales. Y es que Iruña-Veleia es un yacimiento declarado monumento nacional en un lejano 1915. Mucho más tarde, en 1984, el Gobierno vasco lo consideró bien cultural calificado y, por tanto, protegido.
¿Qué piensa hacer la Diputación, su propietaria, con este tesoro? La respuesta es sólo una: «Revitalizarlo». Lo dijo la titular foral de Cultura, Lorena López de Lacalle, en las Juntas Generales en noviembre pasado, al mismo tiempo que hacía pública la mentira de los falsos hallazgos de carácter extraordinario.
Cuatro meses después, la Administración foral aún no ha terminado de diseñar un plan para relanzar un asentamiento habitado desde el siglo X antes de Cristo hasta el V de la era Cristiana. Sin embargo, parece tener claro que pondrá al frente del proyecto a un equipo multidisciplinar. Así lo manifestó ayer la diputada de EA al ser preguntada por el futuro del yacimiento. Descartó la idea de un único director como hasta ahora. «Trabajamos en configurar un equipo multidisciplinar, compuesto por personas de diferentes ámbitos», se limitó a contestar.
Presencia de la UPV
¿Estará el área de Arqueología de la Universidad del País Vasco en este grupo? La pregunta aún no tiene respuesta. De hecho, hay debate al respecto. El catedrático de Arqueología Agustín Azkarate considera que la UPV no debe tomar el relevo de Lurmen, la empresa de Gil, si no que debe ser «una más de las instituciones participantes». En esta misma línea, el prestigioso profesor opina que un nuevo proyecto de investigación para Veleia debe tener ambición «internacional e interuniversitaria».
Sea cual sea la decisión que se adopte, la primera tarea del equipo que se ponga al frente será relanzar un bien cuya imagen se ha visto seriamente dañada por el escándalo de las falsas inscripciones. De momento, la Diputación dispone de 140.000 euros, doce veces más que en años anteriores.