POLÍTICA
Bermejo, jurista del sector progresista,
fundó el departamento que detuvo a
Mariano Rubio y fue cesado por Aznar
24.02.09 -
Un fiscal rojo. A Mariano Fernández Bermejo siempre le gustó ese apelativo, del que presume sin ocultar un punto de ironía. Le describe. Para sus correligionarios, es un jurista progresista, comprometido y con carácter, que siempre ha puesto los principios por encima de todo; sus enemigos le ven como un talibán peligroso capaz de las mayores traiciones en defensa de sus intereses personales, propios o de partido. «Soy de izquierdas y como tal actúo», aseguró en una entrevista concedida a la conservadora cadena COPE. Presume de no haber rehuido nunca la polémica, de no haberse arrugado jamás, pero a sus colaboradores ha confesado que se va derrotado por los jueces, con los que nunca consiguió entenderse.
Nació en Arenas de San Pedro (Ávila) en 1948, en el seno de una familia acomodada que le permitió acceder a una sólida formación universitaria, al alcance de muy pocos en aquellos años. Se licenció en Derecho en la Universidad Complutense de Madrid en 1969. Obtuvo el doctorado con calificación sobresaliente en 1974, y en marzo de aquel año obtuvo el número 1 en las oposiciones de ingreso a la carrera fiscal, con 26 años de edad. Comenzó como abogado-fiscal en Santa Cruz de Tenerife y Cáceres, y accedió a la categoría de fiscal de plantilla en Segovia, cuya fiscalía pasó a dirigir en diciembre de 1984.
Pese a sus orígenes familiares, Fernández Bermejo miró a la izquierda pronto. No fue un joven contestatario, pero enamorarse de la música pop al extremo de tocar el bajo en el grupo 'Los Cirros' -que llegó a grabar dos discos- tenía en aquellos años algo de rompedor. En cuanto se hizo fiscal, se sumó entusiasta a los veteranos juristas que fundaron Justicia Democrática y, años después, fue uno de los impulsores de la Unión Progresista de Fiscales, secuela de la anterior en la carrera.
En septiembre de 1986, Fernando Ledesma le lleva como asesor al Ministerio de Justicia, donde comparte equipo con María Teresa Fernández de La Vega y participa en los trabajos que sirvieron para reformar la legislación sobre menores, Código Civil incluido, la Ley de Enjuiciamiento Criminal y para crear la Policía Judicial. En junio de 1989, cesa a petición propia y es nombrado fiscal del Tribunal Supremo.
En 1992, el Gobierno socialista vuelve a pensar en él para ponerle al frente de una fiscalía poderosa y complicada, la del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid. Dirigió a más de un centenar de profesionales, y lo hizo con mano dura. Pero ese departamento funcionó como un reloj. El Ejecutivo se descomponía podrido por los escándalos de corrupción, y Fernández Bermejo puso en marcha una sección especializada en la persecución de los delitos económicos que se presentó en sociedad, ni más ni menos, con la detención del ex gobernador del Banco de España Mariano Rubio.
Choques con Michavila
A partir de 1996, sus relaciones con el Gobierno de José María Aznar y, sobre todo con el fiscal general Jesús Cardenal, fueron razonables. De esa primera etapa es la creación de una sección fiscal especializada en problemas medioambientales, pionera en España. Pero con la llegada al Ministerio de Justicia de José María Michavila y su afán por modificar la legislación vigente para ocultar otras carencias del Gobierno del PP saltaron chispas, que desembocaron en un enfrentamiento abierto cuando Fernández Bermejo reprochó al ministro, paradojas de la vida, los escasos medios a disposición de los fiscales para hacer frente a los juicios rápidos.
En 2003, harto de sus enfrentamientos con el titular del ministerio y previa reforma legal fabricada casi 'ad hoc', el gabinete de Aznar le cesó. Pese a tener consolidada la categoría de fiscal del Supremo, fue destinado como fiscal de base a la sección de lo Contencioso-Administrativo del Ministerio Público madrileño, donde pasó a compartir banco de trabajo con los mismos acusadores públicos a los que durante una década gobernó con mano de hierro.
La victoria de Rodríguez Zapatero le devolvió al Supremo, además como jefe de la Fiscalía de lo Contencioso-Administrativo, lo que le permitió acceder a la más alta categoría de la carrera fiscal. Allí transcurría con placidez el último tramo de su trayectoria profesional hasta que en 2007 el presidente del Gobierno cesó al entonces ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar.
