Las pruebas realizadas el curso pasado por la Fundación Promete para detectar niños especialmente talentosos no eran más que un examen de fin de curso, cuyos resultados dieron muchos 'falsos positivos' y dejaron fuera a alumnos muy dotados. Además, el 'tratamiento específico a su condición' que se les va a dar ahora será, sin embargo, a través de programas recomendados para niños con problemas de aprendizaje. Todo ello, a través de una fundación externa, vinculada a la empresa que ahora proporcionará dichos programas; y por un coste total que la Consejería de Educación tuvo que acometer de 18.000 euros el año pasado, y una cantidad «desconocida éste, porque la han escondido en los presupuestos».
Éstos son, grosso modo, los hechos que denunciaron ayer la Federación de Asociaciones de Padres de Alumnos (Fapa), la Asociación de Orientadores (Apolar) y varios sindicatos de enseñanza. La historia parte de la prueba que realizó el curso pasado la Fundación Promete (dedicada a detectar niños con grandes capacidades intelectuales), cuyos resultados, publicados hace un mes, arrojaron un saldo de 342 casos detectados entre niños de 3º de Primaria.
Charo Centeno, presidenta de Apolar, denunció ayer que «esa prueba fue un examen de lengua y matemáticas que se puede equiparar perfectamente con el que pone un profesor a final de curso». De ello derivó que «muchos talentos se han quedado fuera, y ha habido falsos positivos». También citó casos de «clases donde casi el 50% de los alumnos han resultado ser muy dotados, algo que rebasa cualquier estadística».
En todo caso, los seleccionados realizarán ahora cursos por Internet con los programas 'Destinomates' y 'Abra palabra', ambos distribuidos por Educaline: los orientadores criticaron que ambos, según la publicidad con que se anuncian, están pensados para niños con deficiencias de aprendizaje, y no para talentos. Alicia Romero, de UGT, anotó además la «curiosidad» de que «el presidente de Promete es también gerente de Educaline en La Rioja»; y Noelia Zorzano, de Anpe, añadió que «la Consejería está favoreciendo a este señor».
En último término, los educadores mostraron su malestar con la Consejería porque «siempre nos ha negado un plan de atención a la diversidad, que es un modelo integrador; pero ahora gasta dinero en privatizar una prueba que es excluyente y que, al final, duplica un servicio que ya existe con la labor de orientadores y programas existentes». La Fapa, en palabras de Teresa Sánchez, criticó además «la falta de información».