ELECCIONES VASCAS
Entiende que es «otro eslabón más en la cadena» de entidades «al servicio de ETA-Batasuna» para «perpetuarse» en las instituciones
El presidente del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, hace una consulta con el responsable de la Sala de lo Penal, Juan Saavedra, en uno de los debates sobre Askatasuna y D3M. / EFE
La decisión del Tribunal Supremo de anular las listas de Askatasuna para las elecciones autonómicas del próximo 1 de marzo abre la puerta a un rápido proceso de ilegalización de esta marca, nacida en 1998 bajo el auspicio de Batasuna. La 'Sala del 61', la que se encarga de aplicar la Ley de Partidos y controlar los procesos electorales, llega en el auto de 104 folios hecho público el domingo a la conclusión de que esa formación -igual que la plataforma D3M, cuya candidatura también anula- es un «instrumento fraudulento» para dar continuidad a Batasuna y constituye «otro eslabón más de la cadena de entidades» dirigidas por ETA.
«El proceso de conformación de las candidaturas electorales de Askatasuna que nos ocupan ha sido gestado y dirigido en todo momento por el entramado ETA/Batasuna», subraya la resolución redactada por el magistrado Carlos Granados como ponente. Los argumentos suscritos por unanimidad de los 16 magistrados sientan la base para que este mismo órgano jurisdiccional pueda decretar dentro de unos meses la ilegalización del partido al considerarlo un «instrumento fraudulento para dar continuidad» a HB, Euskal Herritarrok, Batasuna y el resto de marcas de la izquierda abertzale radical proscritas.
Un proceso que puede iniciar hoy mismo el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por la vía penal o que podría abrir la Fiscalía o la Abogacía General del Estado directamente ante el Supremo, si alguna de esas instituciones inicia el procedimiento en esa instancia. El Gobierno ya sabe que el alto tribunal considera a Askatasuna una parte más de la «estrategia preconcebida y diseñada desde la banda terrorista», con un único fin: mantener «una estrategia de desdoblamiento táctico», con la lucha terrorista por un lado, y el «frente político e institucional» por otro.
Precisamente, uno de los aspectos que mayor debate ha suscitado entre los componentes de la 'Sala del 61' ha sido el referente a cómo se pueden anular unas listas electorales por unos motivos que bastarían para ilegalizar un partido y que, sin embargo, hasta hoy es legal. Un galimatías jurídico que centró buena parte de las deliberaciones que los magistrados celebraron desde el pasado jueves al domingo. Un sector importante de los jueces mostró sus dudas sobre el procedimiento seguido al entender que es una incongruencia que, mientras el partido es legal, sus listas no lo sean por estar al servicio de terroristas.
Consideraban que tanto la Abogacía del Estado como la Fiscalía debían haber iniciado un procedimiento para que fuera proscrita Askatasuna como un «incidente de ejecución» en la sentencia que el mismo Supremo dictó en 2003 contra Batasuna y por la que se dejó a esa coalición fuera del juego democrático. El peso de las pruebas aportadas y el «sentido institucional» llevaron a los magistrados discrepantes a suscribir la resolución final por unanimidad y evitar así que un mero aspecto formal, como el procedimiento judicial seguido por los demandantes, empañara la convicción de que el partido analizado es una continuación de las anteriores siglas ilegalizadas.
Asesinato de Blanco
Hasta llegar a la creencia de que la izquierda radical maneja los hilos de Askatasuna, los magistrados desarrollan una elaborada argumentación sobre los orígenes de ese partido en 1998. Recuerdan cómo, tras el asesinato en 1997 del concejal del PP en Ermua Miguel Ángel Blanco, se encarceló a la mesa nacional de HB, se inició el proceso de proscripción de la coordinadora KAS y se decretó el cierre del diario 'Egin' y de 'Egin Irratia'. «El temor -dice el auto del domingo- a la ilegalización del frente político institucional de ETA, representado en aquel momento por Herri Batasuna, abrió paso a la constitución de un nuevo partido político, Askatasuna, que tuvo lugar en agosto de 1998.
Y considera probado que desde ese año el partido ha sido una marca «dormida» a la espera de ser rescatada por la izquierda radical. El auto recuerda cómo el partido no tomó parte en las elecciones que se celebraron dos meses después de su constitución y que sólo reapareció en las autonómicas de 2001 -sumaron 600 votos- para «volver a desaparecer» hasta hace apenas unas semanas. En todo este tiempo tampoco ha habido ningún movimiento bancario que demuestre su actividad e, incluso, la dirección que sus fundadores presentaron al dar de alta la formación en el Registro de Partidos no hace ninguna referencia hoy a estas siglas, según documentos aportados por la Policía y la Guardia Civil.
El tribunal también incide en que algunos promotores de Askatasuna, años después, participaron en diferentes comicios como parte de las estructuras de Euskal Herritarrok, Herritarren Zerrenda, o Abertzale Sozialistak, todos ellos ilegalizados.
