Una breve y casi improvisada comparecencia vespertina en una jornada de especial vorágine informativa. Así despachó el PNV el anuncio de que cumplirá su «compromiso» y presentará efectivamente el recurso contra la anulación judicial de la consulta que el lehendakari Ibarretxe pretendió celebrar el pasado 25 de octubre. El presidente jeltzale, Iñigo Urkullu, acompañado por los líderes de las asambleas territoriales -Andoni Ortuzar, Joseba Egibar y el navarro José Ángel Agirrebengoa- ya advirtió antes de comenzar de que no era su intención extenderse. Se limitó a explicar que el Euzkadi buru batzar decidió en su reunión de ayer «dar instrucciones» a sus representantes legales para que procedan a formalizar la demanda ante el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo contra la resolución del Constitucional de anular el plebiscito del que su candidato hizo bandera durante la anterior legislatura.

Los jeltzales se encontraban a la espera de recibir los informes jurídicos que habían encargado a dos prestigiosos bufetes de abogados especializados en apelaciones de índole política ante la Corte europea -uno en Euskadi y otro con sede en Ginebra- para tomar una decisión definitiva. A pesar del intento de EA -cuyo líder, Unai Ziarreta, ya voló la semana pasada a la ciudad francesa para registrar personalmente la demanda- de dejar en evidencia a los peneuvistas por su supuesto abandono de las vías soberanistas, el EBB nunca ha tenido prisa en formalizar su denuncia. No sólo pretendían cerciorarse de que había al menos alguna posibilidad de éxito. También estaban decididos a no convertir la defensa de la consulta en eje de una campaña en la que precisamente han querido dar máxima y casi absoluta prioridad a la gestión de la crisis económica. Sabedores, no obstante, de que incumplir un compromiso para el que recogieron incluso miles de firmas entre sus simpatizantes -en concreto 63.128 rúbricas que adjuntarán a la demanda y que exhibieron ayer en sus archivadores- también podría tener un serio coste electoral, han preferido tomar un camino intermedio y dar cauce a la defensa de la consulta en Europa, aunque sin demasiados alardes. Más bien con perfil bajo.

Otros tiempos

De hecho, Urkullu confirmó ayer que serán los representantes legales del partido los que acudan esta misma semana -posiblemente, pasado mañana o el viernes- a Estrasburgo para formalizar una demanda que ya está redactada, una vez que el partido recibió la definitiva opinión de los expertos jurídicos el pasado sábado. «Ya acudimos al Constitucional», recordó el presidente del EBB, en alusión al viaje que el tripartito y Aralar hicieron en verano a la sede madrileña del tribunal para defender su personación como parte en el proceso, «pero ahora estamos en tiempo de campaña y dedicados a ella», justificó.

Los tiempos han cambiado desde aquella fotografía tomada en la capital española: la cercanía de las elecciones, el desplazamiento por parte del PNV de la llamada 'normalización política' a un segundo plano en campaña y el incierto futuro de la fórmula tripartita han dado al traste con cualquier atisbo de unidad de acción. EA ha sacado pecho como adalid del soberanismo al registrar en primer lugar su demanda; Aralar también ha anunciado que la presentará en solitario y Ezker Batua se ha desmarcado por completo de una iniciativa que considera ahora «cosa de soberanistas».

Urkullu, que subrayó que al PNV «le habría gustado» poder actuar de manera conjunta con las otras tres formaciones, recalcó que los informes solicitados «avalan» su decisión y sostienen que «hay posibilidades» de que la demanda sea admitida a trámite, la principal preocupación de los peneuvistas, que nunca han ocultado las dificultades para que el recurso sea siquiera tomado en consideración. En todo caso, los juristas también advierten del riesgo de que la demanda no pase ni siquiera el primer filtro. Preguntado por los fundamentos en los que se sostiene el recurso, Urkullu destacó el derecho a la libertad de expresión recogido en el artículo 10 de la Convención Europea de Derechos Humanos. Según explicó, la anulación de una consulta no vinculante como la que proponía Ibarretxe -una mera «toma de temperatura» del sentir ciudadano- podría lesionar el derecho de la sociedad a emitir libremente su opinión.