Los autos del Tribunal Supremo por los que se declaran nulas las candidaturas de Demokrazia 3 Milloi y de Askatasuna, al margen de la consideración jurídica y de la valoración sistémico-democrática que merezcan, producen, sin duda, múltiples efectos en el escenario político vasco. El primero de ellos es, por supuesto, el directamente buscado: excluir del próximo Parlamento, por primera vez en la historia de nuestro autogobierno, la representación de la izquierda abertzale que no se ha desvinculado de ETA. Pero más allá de este evidente, otros de carácter, por así decirlo, colateral merecen también ser mencionados.
Comencemos por lo incierto. Aunque la exclusión tendrá incidencia en el resultado electoral, no es del todo claro cuál de las restantes candidaturas va a resultar beneficiada o perjudicada por ella. Es posible en principio, aunque quizá no tan probable como se asume, que se produzca un flujo de votos hacia partidos afines. Sin embargo, la muy verosímil campaña por la abstención que pondrá en marcha la izquierda abertzale, reforzada, en esta ocasión, por el sentimiento de haber sufrido una flagrante injusticia, podría frenar ese eventual flujo. La idea de crear un «polo soberanista sin ETA», a costa de los votantes desencantados con la actual izquierda abertzale, no parece, en efecto, estar aún lo suficientemente madura como para comenzar a hacerse realidad en estas elecciones. Lo más acertado sería, por tanto, prever una abultada abstención y calcular a partir de ella, y con ayuda del sistema d'Hont, el efecto que la exclusión vaya a tener sobre las demás candidaturas. En todo caso, la ventaja competitiva que supone la ausencia de un diez o quince por ciento del electorado servirá, al menos, para que unos puedan tornar en éxito su fracaso y otros no puedan disimular el suyo.
Más predecible resulta el efecto que la exclusión tendrá sobre la composición del próximo Parlamento. En esto, los partidos no nacionalistas, en su conjunto, saldrán beneficiados. La mayoría absoluta de la suma PSE-PP se hace más verosímil, lo que concede a cada uno de los dos una mayor capacidad de bloqueo o de negociación con vistas a la investidura. A la vez, es muy probable que en esta ocasión la obtención de la investidura no dé ninguna garantía sobre la capacidad de gobernar a lo largo de la legislatura.
Finalmente, también es en extremo incierto el efecto que la exclusión vaya a tener sobre la orientación futura del entramado de la izquierda abertzale. Es quizá la incertidumbre más grave. Al fin y al cabo, la proscripción de la izquierda abertzale se inserta en una estrategia que persigue la victoria definitiva sobre el terrorismo. Pero es una estrategia nueva, cuya eficacia está por probar. Por de pronto, el sistema se habrá liberado de obstáculos que entorpecían su funcionamiento. Sin embargo, el éxito o el fracaso final dependerá, en gran medida, de si la nueva estrategia logra aunar en torno a sí a todos los partidos democráticos o continúa siendo, como hasta ahora, objeto de confrontación entre constitucionalistas y nacionalistas. La primera alternativa serviría para deslegitimar de raíz la violencia; la segunda, para legitimarla y, en consecuencia, perpetuarla. Cuál de las dos se impondrá tiene también que ver con las elecciones.
