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La planta de coque de Petronor cuenta ya con todos los permisos necesarios, pero el alcalde de Muskiz alega la falta de otro informe para autorizarla
Vista exterior de la refinería de Petronor, en Muskiz. / EL CORREO
El principal proyecto industrial del País Vasco se encuentra estancado desde hace meses. Y no por culpa de la crisis. La planta de coque que Petronor pretende levantar en la refinería de Muskiz -una inversión de 810 millones de euros que podría generar más de 1.600 empleos estables una vez puesta en marcha y hasta 2.500 durante su construcción- se ha convertido en rehén de la contienda política.
Aunque la empresa cuenta ya con el preceptivo permiso del Gobierno vasco, que el pasado 19 de noviembre concedió al proyecto la denominada Autorización Ambiental Integrada (AAI), el alcalde de la localidad, Gonzalo Riancho, de Eusko Alkartasuna, se resiste a otorgar el permiso de obras y la licencia de actividad necesarios para que pueda iniciarse la construcción de la instalación. Cabe recordar que el regidor de Muskiz llegó al poder local -que ejerce gracias al apoyo que le prestan los tres concejales del PSE- tras obtener cuatro ediles -el PNV tiene seis- con la promesa, entre otras, de tratar de impedir con todos los medios legales a su alcance esta controvertida planta, que genera rechazo en ciertos sectores sociales del pueblo.
Una baza que le dio a EA buenos resultados en los comicios municipales de mayo de 2007 y que ahora, de nuevo en puertas de una trascendental cita con las urnas, puede sumar o restar un buen puñado de votos de esta comarca -los tres municipios sobre los que se asienta la refinería, Muskiz, Zierbena y Abanto, suman 16.000 electores- a favor de una u otra opción política, en función de su postura sobre este tema.
Contradicciones en EA
Tanto el PNV, en la oposición municipal, como el PSE, socio de Riancho en el gobierno local -del que en este caso discrepa diametralmente-, sospechan que EA pueda estar utilizando la demora de las autorizaciones como argumento electoral, y retrase la que ellos consideran ineludible concesión de las licencias hasta pasados los comicios autonómicos del próximo 1 de marzo. Algo que EA rechaza de plano.
La formación dirigida por Unai Ziarreta se ve, en este asunto, sumida en la contradicción. Frente a las trabas puestas al proyecto por el regidor de Muskiz, la consejería vasca de Medio Ambiente, controlada también por EA a través de Esther Larrañaga, dio su visto bueno al proyecto el 31 de octubre pasado, como paso previo y necesario a la concesión de la AAI por parte del Ejecutivo autonómico.
Los responsables de Petronor, que preside el ex líder del PNV Josu Jon Imaz, avalados por un informe del despacho de abogados Uría y Menéndez, consideran que con el plácet del Gobierno vasco -competente en la materia-, basta para que el Ayuntamiento conceda las licencias de obras y actividad.
Sin embargo, el alcalde Riancho se escuda en tres informes de la Secretaría del propio Ayuntamiento para defender su actuación y no dar los permisos hasta recibir un documento de la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente que autorice el nuevo equipamiento porque, según afirma, éste se ubicará en terrenos de dominio público. Fuentes municipales aseguran que este informe volvió a ser reclamado a Costas hace una semana, pero hasta ahora no se ha obtenido respuesta alguna.
Cumplimiento riguroso
Gonzalo Riancho afirmó hace tres semanas, en un acto al que asistía el propio Imaz, que «si de algo se me puede acusar es de intentar que se cumpla rigurosamente la legislación vigente». Buen ejemplo de ello es que también llegó a requerir un informe de la Agencia Vasca del Agua sobre el impacto de la futura instalación, pero ésta se declaró incompetente sobre el asunto.
Entretanto, los plazos previstos por la empresa para el inicio de la construcción de la Unidad de Reducción de Fuelóleo -nombre técnico de la planta-, que requerirá unos cuatro años de obras, se dilatan. Petronor, que con 500 millones de euros anuales es el primer contribuyente de la Hacienda Foral vizcaína, ve peligrar su proyecto y con él, el futuro de toda la refinería, que da trabajo a más de 6.000 personas.
El 20% de la producción actual de Petronor es fuel oil cuyo consumo ha experimentado un drástico recorte en Europa, lo que aboca a la compañía a reconvertir sus instalaciones para obtener, por cada barril de petróleo, una mayor proporción de gasolinas, gasóleos y subproductos como el coque, un combustible muy utilizado por la industria cementera. Además, se estima que con esta planta se evitará la emisión de 160.000 toneladas de óxido de azufre al año y se reducirán en un 80% los residuos.
La empresa, participada por Repsol y la BBK, se siente perjudicada por esta situación de 'impasse' y ha urgido al consistorio a que «con carácter inmediato» otorgue las autorizaciones necesarias. Petronor considera que estos retrasos, que califica de «deliberados e injustificados», le están ocasionando un perjuicio de 300.000 euros diarios que podría llegar a reclamar a un Ayuntamiento al que este año contribuirá con 2.100.000 euros, tras haber sufrido una subida del 176% en su Impuesto de Actividades Económicas.
