POLÍTICA
El juez retrasa al martes su dictamen para conocer los argumentos
de sus superiores y deja en libertad a 13 miembros de ambas marcas
07.02.09 -
La abogada Jone Goirizelaia, junto a varios de los interrogados ayer por el juez Garzón. / EFE
El juez Baltasar Garzón esperará a que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre D3M y Askatasuna antes de decidir si ambas marcas electorales de la izquierda abertzale deben o no estar presentes en los comicios autonómicos del 1 de marzo. El titular del juzgado de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional retrasó su dictamen al próximo martes y dio cuatro días de plazo a las defensas para que presenten alegaciones a los escritos de la Fiscalía y la Abogacía del Estado. El magistrado quiere así dotar de mayores garantías al procedimiento penal, evitar que un más que probable recurso tumbe el procedimiento por defecto de forma, y cubrirse las espaldas a la espera de ver qué argumentos emplea la 'Sala del 61' del Supremo, cuyos 16 componentes analizan hoy la misma cuestión.
La doble vía seguida por el Gobierno contra Demokrazia Hiru Milioi y Askatasuna -la penal a través de Garzón y la de la Ley de Partidos con el Supremo- propiciará que dos órganos judiciales distintos deban posicionarse sobre el tema en apenas cuatro días. En ámbitos judiciales se da por seguro que unos y otro cerrarán a D3M la puerta de las elecciones. Pocos ponen en tela de juicio la contundencia de las pruebas de que esa marca está 'contaminada' por Batasuna. Más dudas existen sobre Askatasuna, partido legal desde 1998, que ya participó en los comicios de 2001 y cuyos candidatos no tienen conexiones evidentes con la izquierda abertzale ilegalizada. La creencia más extendida es que existe un alto grado de posibilidades de que el Supremo deje pasar sus listas y que sea Garzón el que decrete su suspensión cautelar el martes, impidiendo su participación en el primer domingo de marzo.
Sea como fuere, la 'Sala del 61' ha decidido ordenar a la junta electoral vasca que no ceda el censo a ninguna de las dos plataformas a la espera de que resuelva hoy el debate sobre la legalidad de que ambas candidaturas estén o no presentes en las elecciones. Los magistrados pudieron comenzar ayer a analizar la extensa documentación que han presentado Fiscalía y Abogacía del Estado. Se centraron, sobre todo, en el caso de D3M y fuentes del alto tribunal esperan que la resolución sobre esta plataforma esté lista para primera hora de la tarde. La situación de Askatasuna centrará la reunión de hoy. El partido tenía hasta las dos de esta madrugada para presentar alegaciones a las acusaciones realizadas desde Fiscalía y Abogacía del Estado. No se descarta que la resolución definitiva sobre las listas de esta formación se conozca pasada la próxima medianoche.
De pasar este filtro alguna de las dos marcas, el Gobierno tendría una segunda oportunidad. La Fiscalía de la Audiencia Nacional pidió ayer al juez Garzón que decrete la suspensión cautelar de ambas porque considera probado que esas organizaciones forman parte del «frente institucional» de ETA, a las órdenes de la banda y bajo la tutela directa de la ilegalizada Batasuna.
El magistrado ha citado al fiscal y a los representantes legales de ambas formaciones el martes, a las diez de la mañana, para escuchar sus alegaciones y dictar la medida. Garzón levantó también el secreto de las actuaciones para que los abogados del partido y la plataforma electoral bajo sospecha, que se llevaron copia de la investigación judicial con ayuda de una carretilla, puedan analizar durante cuatro días los indicios recabados contra ellos y ejercer el martes el derecho a la defensa con todas las garantías.
Se trata de un guión idéntico al utilizado por el juez en febrero de 2008 para decretar la suspensión por tres años de todas las actividades de Acción Nacionalista Vasca (ANV) y EHAK, a quienes consideró los «instrumentos» de ETA para que Batasuna regresase por la puerta trasera a las instituciones vascas.
«Muerte penal»
El magistrado de la Audiencia Nacional también imputó por delitos de colaboración o integración en organización terrorista, interrogó a los principales dirigentes de ambos partidos -ayer lo hizo con 13 responsables de Askatasuna y D3M-, levantó el secreto y, tres días después, celebró la vista judicial que exige el artículo 129 del Código Penal y decretó la «muerte civil» de ambos partidos.
La alta probabilidad de que el martes suspenda ambas formaciones se desprende también de las imputaciones que el propio juez incluyó ayer en el auto que dictó para poner en libertad provisional a los trece dirigentes -8 de D3M y cinco de Askatasuna- tras someterles a interrogatorio. Garzón indica que Askatasuna es «una marca propia de ETA» y un «referente político» de la banda, que la creó en 1998 para «poder accionarla» cuando se produjese la esperada ilegalización de Batasuna, con la intención de burlar la proscripción y mantener su presencia en el Parlamento vasco. El juez es igual de claro y contundente con D3M, a la que considera una plataforma electoral «creada, controlada y dirigida por responsables de Batasuna-EKIN siguiendo las instrucciones de ETA».
El magistrado, como ya hizo hace un año con sus homólogos de ANV y EHAK, dejó en libertad a todos los dirigentes imputados e interrogados. Sólo acordó un control más estrecho sobre el presidente y secretario de Askatasuna, José Antonio Munduate y Xabier Isasa, y el representante electoral de D3M en Álava Fernando Antía, a quienes obliga a comparecer cada semana en el juzgado y prohíbe abandonar España.
La suspensión solicitada por la Fiscalía incluye la prohibición de cualquier actividad pública, la clausura temporal de las sedes y locales, y el embargo de todas sus cuentas y bienes.
