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ALAVA - VIZCAYA | Personalizar edición | RSS | ed. impresa | Regístrate | Miércoles, 22 octubre 2014

Miranda

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El Fiscal mantiene la petición de los 12 por detención ilegal para el marido y el conductor del coche en base a la «solidez» de los testigos
06.02.09 -

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Las defensas sólo ven probado un delito de coacción, que conlleva un año de cárcel
Una jornada densa, con casi seis horas de declaraciones e informes, puso ayer fin al juicio que se sigue en la Audiencia Provincial de Burgos en torno a la desaparición de la mirandesa Marisa Villaquirán. El testimonio de cuatro testigos abrió una sesión en la que también prestaron declaración forenses, peritos y agentes de la Policía Nacional. Pero fue el turno de conclusiones el que absorbió la mayor parte del tiempo. La vista se dividió en dos. Por la mañana fueron los tres abogados de la acusación y Luis Delgado, representante del Ministerio Fiscal, los que plantearon sus conclusiones. Por la tarde, lo hizo la defensa.
Tanto el abogado de Rafael Gabarri y su madre Julia Jiménez como el representante de Isaac Duval coincidieron en sus exposiciones ante el juez (una hora y más de 45 minutos, respectivamente) en varios puntos. De entrada, destacaron el carácter endeble de las pruebas manejadas durante el proceso, fundamentalmente en lo que se refiere al cargo principal, el de presunta detención ilegal, que se imputa al marido de la desaparecida y al conductor del vehículo que trasladó a ambos a San Juan del Monte el 7 de diciembre de 2004. Para los dos se piden 12 años de prisión.
«No se juzga un delito de detención ilegal sino de asesinato encubierto. Eso han pretendido las acusaciones», lamentó Francisco Gómez, letrado del marido de Marisa. Para él «se busca una sentencia ejemplarizante». Algo que entiende carece de justificación porque se ha optado por la pena máxima recogida para el delito juzgado «sin existir pruebas sólidas». Y es que «se ha estado buscando desde el principio un cadáver y no una persona viva. Quizás habría que buscar en Suiza».
Un «conflicto familiar»
Tras exculpar a su cliente de la acusación por maltrato -«ya que Marisa mentía», subrayó-, incidió en que el relato de los cuatro testigos que presenciaron cómo la mujer era introducida en el interior del vehículo (un matrimonio y dos vecinos de la calle Francisco Cantera) sostendrían, «como mucho», un presunto delito de coacción -que se traduciría en un año de prisión-. No se explicó, de hecho, que no apareciese «ningún rastro» en el vehículo, algo confirmado también por los forenses. «Se han utilizado argucias legales para tratar de que 'El Dani' y su familia salieran de Miranda». Su abogado fue más allá y reprochó al Ayuntamiento que se haya posicionado en el caso «cuando ellos también son vecinos de la ciudad». E insinuó que «quizás estemos hablando de un conflicto familiar organizado para alejar a Marisa del entorno de su marido».
La línea argumental de Montejo se movió en términos muy similares. También hizo referencia al hecho de que la investigación policial no trabajase más en la idea de localizar viva a la desaparecida insistiendo especialmente en «una prueba reveladora»: los movimientos de cuenta que se realizaron con la tarjeta de crédito de la desaparecida en un cajero en la tarde de aquel 7 de diciembre -después de las 15.15 horas, cuando se la vio por última vez-.
Y en descargo de su cliente, Isaac Duval, dejó entrever que éste fue víctima de «un engaño»; habló de la falta de evidencias en el coche; de «su colaboración en todo momento» con la policía y de los problemas de su defendido. Un informe rebajó su nivel a semi imputabilidad. «Sufre un retraso mental leve y una falta de madurez impropia para su edad». Y luego habló del miedo: «Isaac tiene pánico a 'El Dani' y su entorno». Por ésta y otras circunstancias apreció «quizás un delito de coacción» en lo que se refiere al 'viaje' a San Juan del Monte.
Jurisprudencia
En la otra bancada, el mayor peso de las conclusiones volvió a recaer en el fiscal. Consideró demostrado que tanto el marido como el conductor son responsables del delito de detención ilegal «con tipo agravado», sustentando el hecho, fundamentalmente, en el testimonio clave de los testigos. Rescató sentencias del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional -referidas a la desaparición de El Nani y al secuestro del empresario Publio Cordón-. Su relato lo inició con las denuncias interpuestas por Marisa Villaquirán antes del hecho (los insultos y las amenazas de las horas previas a la desaparición).
Pero el eje de su informe estaba en el 7 de diciembre. «Todos ven como la sacan en volandas» del portal. Se apoya especialmente en lo dicho por dos testigos -que identificaron al matrimonio y su acompañante, el color y modelo así como la matrícula del vehículo-. Éste arrancó a toda velocidad.
Y en la precipitación con la que supuestamente fue llevada la mujer se recordó que los útiles de limpieza quedaron fuera del armario y las llaves colocadas en la puerta. «La declaración de Rafael (Gabarri) ha sido desmentida en todo lo fundamental», subrayó el letrado, quien definió el delito de detención ilegal como «privación de libertad ambulatoria, de libertad de movimientos en un espacio temporal mínimamente significativo».
Sobre la base de que la mirandesa fue introducida en el coche a la fuerza y trasladada en las mismas condiciones a San Juan del Monte -«durante al menos 45 minutos» estuvo retenida, vino a decir- entendió demostrado ese delito. «No se puede exigir a Marisa que se tire de un coche en marcha a toda velocidad -el conductor aseguró que el vehículo iba sin los seguros echados y que la mujer tampoco pidió ayuda- pero aunque pudiera realizar tal acción es improbable, porque estaba en la parte de atrás con Rafael, que el día anterior la había amenazado, que dos días antes la había pegado y que unos meses antes la había pegado por lo menos dos veces». Aunque hubiera pedido esa ayuda, insistió el fiscal, «Isaac había preferido ya hacerle el favor a Rafael».
La culpabilidad queda reforzada, a su juicio, por la falta de explicación «razonable» sobre la desaparición. También por ocultar lo que hizo con las joyas (que entregó a Héctor Raposo 'El Sevillano', al que le piden tres años de prisión).
Pero también por las contradicciones en su relato sobre lo que sucedió en las horas siguientes y en días posteriores o por el origen de los primeros mensajes que recibió la hija de Marisa. Había coincidencia en parte de lo que en ellos se reflejaba con los 'sms' que enviaría la madre de 'El Dani' un año después. «Lo que pasó en San Juan lo sabe Rafael y quizá alguna persona más», aseveró.
Jesús Alegre, de la acusación particular, incidió en las marcas que presentaba el encausado en sus piernas; «rasponazos» que, en su opinión se pudo producir cuando se sucedieron los hechos. Consideró también «acreditada la intervención de entidad» para que haya una sentencia condenatoria contra Luis Gabarri -era el encargado de recoger las joyas- y Héctor Raposo «sobre el que no concurre atenuante, dado que colaboró tras ser detenido. En ningún momento acude voluntariamente a Comisaría».
Soraya Vesga, en representación del Ayuntamiento, pidió a la presidencia del tribunal que se tuvieran en cuenta, fundamentalmente, las declaraciones de los 4 testigos. «No tienen nada que ver con las partes. No se puede dudar de su carácter imparcial», dijo.
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