ELECCIONES VASCAS
El juez imputa a trece de sus dirigentes por ser parte de ETA y podría decretar el viernes la prohibición de actividades de los dos grupos
Julen Aginako e Itziar Lopategi hablaron ayer de las ilegalizaciones y los comicios vascos en la rueda de prensa de D3M en Bilbao. / TELEPRESS
LAS DOS OPCIONES JUDICIALES
El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón dio ayer el paso previo para poder decretar la suspensión de actividades de Askatasuna y D3M el próximo viernes y dejar desde ese día a ambos partidos fuera de las elecciones autonómicas vascas, antes incluso de que se pronuncie el Tribunal Supremo a través de la 'Sala del 61'. El magistrado imputó un delito de integración en banda terrorista a trece dirigentes de las dos formaciones y les citó pasado mañana para interrogarles.
En la resolución hecha pública ayer, Garzón asegura tener indicios de que Askatasuna, como partido, y Demokrazia Hiru Milioi (D3M), como agrupación de electores, son formaciones que están «bajo la dirección e instrumentalización de Batasuna-Ekin y la superior dirección de ETA». Y que, por tanto, los trece imputados, que son representantes «con fines políticos y electorales», podrían haber incurrido en un delito de pertenencia a la «organización terrorista ETA-Ekin».
La cuestión no es baladí. Fuentes judiciales consultadas por este periódico reconocen que la 'vía Garzón' ofrece mayores «facilidades» para dejar fuera del tablero electoral a las marcas auspiciadas por la izquierda radical. Recuerdan que frente a las «pruebas de peso» que la Fiscalía y la Abogacía del Estado deberán presentar ante el Supremo para la ilegalización de los dos partidos, en el caso del titular del Juzgado Número 5 de la Audiencia Nacional bastarían «indicios fundados» para dictar su suspensión de actividades como medida cautelar e impedir así que estén en la cita con las urnas el próximo 1 de marzo.
Entre las personas que serán interrogadas pasado mañana destacan el presidente y el secretario de Askatasuna, José Antonio Munduate y Xabier Isasa, respectivamente. Además están citados los representantes del partido ante las juntas electorales: Jaione Unanue por Guipúzcoa, Urtzi Vidal por Vizcaya y Miriam Díaz de Tuesta por Álava.
En lo que se refiere a D3M, imputa a los representantes legales de las plataformas en Guipúzcoa -Ainara Etxebarria, Itziar Garmendia y Eneko Agirre-; en Vizcaya -María Lidia Barcena, Ana Rosa Tapia y Ainhoa Barrena-, y en Álava -Fernando Antia y Óscar Viteri-.
Trámite paralelo
La tercera representante legal de esta provincia y habitual portavoz de la agrupación radical, Amparo Lasheras, ya fue acusada de integración en grupo terrorista por el juez. Garzón ordenó su encarcelamiento tras ser detenida en la redada del pasado 23 de enero con la que la Policía desmanteló a la nueva dirección de Batasuna.
El instructor conduce contra las dos formaciones unas diligencias previas con las que, según fuentes judiciales, se abrirá en breve el trámite para suspender sus actividades, siempre tras consultar a la Fiscalía y oír a los partidos afectados. Si ésta se produjera, tendrían prohibido cualquier acto público, mítines de campaña incluidos, con independencia de la decisión de la Sala del 61 del Tribunal Supremo sobre las impugnaciones de la Fiscalía General del Estado y del Gobierno.
Es la historia que ya se vivió en febrero de 2008. Entonces, el magistrado acusó primero a tres dirigentes de Acción Nacionalista Vasca (ANV) de colaboración con ETA como paso previo a su suspensión cautelar de actividades y la de EHAK, tres días después. Y todo ello, mientras el Supremo todavía estudiaba las demandas de ilegalización promovidas por el Ministerio de Justicia y la Fiscalía. Estas mismas fuentes explicaron que el juez apoyará su actuación en los 270 documentos encontrados en los 18 registros en domicilios privados y locales de la operación contra Batasuna del mes pasado.
Tras enviar a prisión a los ocho dirigentes abertzales detenidos el mes pasado en la redada contra el germen de la nueva Batasuna, Garzón advirtió que considera que las dos formaciones bajo sospecha pretenden «burlar» la ilegalización de la coalición, ya que en realidad tanto el partido como la plataforma no son más que «entidades de un todo orgánico a las órdenes de ETA-Ekin-Batasuna».
El juez ha recibido después nuevos informes de los servicios de Información de la Policía sobre el contenido de los discos duros de los ordenadores incautados en aquella operación. No obstante, a la vista de los atestados elaborados con las pruebas obtenidas hasta el 25 de enero, el instructor ya concluyó entonces que D3M no es más que «el centro organizativo de la nueva Batasuna» y que se ha convertido «en el soporte de todo el conjunto de organismos y entidades del Movimiento de Liberación Nacional Vasco».
En el caso de Askatsuna, Garzón considera probado que fue registrada como partido en 1998 ante «el riesgo de una inminente ilegalización de Herri Batasuna» y que, desde entonces, ha «quedado en la reserva como marca propia de ETA-Batasuna para poder accionarla en cualquier momento».
