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Política

04.02.09 -

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La Fiscalía General del Estado anunció ayer su intención de presentar hoy mismo el escrito de impugnación de las listas de D3M a las elecciones vascas del próximo 1 de marzo y que mañana hará lo propio con las de Askatasuna. El procedimiento a seguir será diferente en cada uno de los casos. Así, tanto la Fiscalía como la Abogacía del Estado coinciden en el planteamiento de un contencioso electoral ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo contra la plataforma electoral D3M, cuyo plazo de resolución es muy rápido y se produciría, como muy tarde, antes de las doce de la noche del próximo sábado día 7 de febrero.
El caso de Askatasuna es bien distinto. Fuentes de la Fiscalía señalaron a Europa Press que, a la espera de que los fiscales y técnicos encargados concluyan su trabajo, la vía que se está analizando sería la de presentar un incidente de ejecución de la sentencia que ilegalizó a Batasuna en 2003. Este recurso buscaría, además, la anulación del partido por ser un mero continuador de esa formación. No obstante, dado que el objetivo que se persigue es que estas listas no concurran a los comicios vascos, el marco actual obligaría a la Fiscalía a pedir a la Sala del 61 del Supremo que, como medida cautelar mientras estudia el fondo del asunto, se anulen también las candidaturas de Askatasuna.
El Ejecutivo ya expuso el pasado viernes que las consecuencias jurídicas que se derivan de las vinculaciones de D3M y Askatasuna con las otras formaciones ilegalizadas de la izquierda abertzale han sido apreciadas por la Abogacía del Estado como «relevantes» a los efectos de poder instar a «la anulación de las candidaturas de ambas formaciones y, en su caso, la ilegalización del partido político Askatasuna». La vinculación de D3M y de Askatasuna aparecen expuestas en los informes de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que ya han sido entregados, así como en resoluciones judiciales anteriores como, por ejemplo, en el último auto dictado por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por el que dictaba prisión para los detenidos en la última operación contra la nueva dirección de Batasuna.
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