El Congreso de los Diputados activará el jueves de la próxima semana la tramitación de la proposición de ley para retirar del País Vasco y Navarra todos los símbolos públicos que enaltezcan a ETA o a sus miembros, lo que afecta principalmente a las placas que dan nombre a las calles y plazas en algunos municipios. La Junta de Portavoces de la Cámara Baja admitió en su sesión de ayer incluir en la agenda del próximo pleno esta reforma, que cuenta con el respaldo del PSOE, PP, IU-ICV, ERC, CC y UPD, por lo que se da por hecho que saldrá adelante sin problemas.
La medida fue pactada por los socialistas y los populares el pasado noviembre y garantiza que en el plazo de seis meses serán eliminados los citados símbolos. Así lo anunció en rueda de prensa la portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, quien recordó que ha sido el PP el que propuso ayer llevar este asunto al primer pleno que la Cámara Baja celebrará este año.
En concreto, la iniciativa pretende modificar la Ley de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo para obligar a las administraciones a retirar las placas de recuerdo u homenaje a etarras. Además, el Estado rinde «testimonio y honor a quienes han sufrido actos terroristas» y «asume el pago de las indemnizaciones que les son debidas por los autores y demás responsables de tales actos».
Los partidos firmantes de la reforma consideran que su tramitación será rápida. Ayer, el portavoz adjunto del PP en el Congreso y diputado por Alava, Alfonso Alonso, subrayó la conveniencia de que esta iniciativa se debatiera en plena precampaña vasca, habida cuenta de que ETA «ha vuelto a plantear un desafío y una amenaza» a la sociedad con su intención de concurrir a las elecciones del próximo 1 de marzo, señaló en alusión a las candidaturas de la izquierda abertzale.
Según Alonso, los populares defienden que el arranque de la precampaña en Euskadi es un momento «especialmente oportuno» para que la Cámara evidencie así su unidad contra ETA y para «hacer inútiles las amenazas de ETA en el periodo electoral».
El cese del fiscal
Por otra parte, la comisión de Justicia del Congreso rechazó ayer una propuesta de UPD para cesar al fiscal general del Estado, Candido Conde-Pumpido, al que esta formación acusa de permitir que más de 40 ayuntamientos vascos estén gobernados por miembros de la antigua ANV. La diputada Rosa Díez culpó al fiscal de no impugnar «por una estrategia política» una serie de listas aeneuvistas en las elecciones de 2007.
Su moción contó únicamente con el apoyo del PP, cuyo portavoz, Federico Trillo, destacó, sin embargo, que las últimas decisiones «acertadas» de Conde-Pumpido -en relación a las actuaciones contra D3M y Askatasuna- han venido a corregir las «desacertadísimas» de la legislatura anterior.