E l incremento del paro en 198.838 nuevos desempleados y la reducción de la afiliación a la Seguridad Social en 154.935 cotizantes el pasado mes de enero han vuelto a mostrar el lado más inquietante de una crisis sin fin. Hasta el punto de que el Gobierno ya no es capaz de descartar la hipótesis de que España llegue a lo largo del presente año a los cuatro millones de parados. Los 3.327.801 desempleados apuntan precisamente en esa dirección. Máxime cuando una tercera parte de los mismos refleja la destrucción de empleo a lo largo del último año. El hecho de que sólo un 10% de los contratos suscritos en enero fuese indefinido es una muestra más del retraimiento general que afecta a la economía española. Un mes que ha certificado de una manera cruda el agravamiento de la crisis en Euskadi, con un crecimiento del paro superior a la media española y, lo que es más preocupante, una tendencia claramente negativa. El País Vasco cuenta ya con 110.000 desempleados.

El optimismo del presidente Rodríguez Zapatero le llevó ayer a calificar el momento como el «más difícil de la crisis». Pero le faltó añadir que por ahora. Si sus palabras pretendían transmitir la idea de que la recesión está tocando fondo, se trataría de una conclusión precipitada que probablemente desmentirán los nuevos datos. El presidente añadió a ello que «el problema no es tanto el número de desempleados, sino la oportunidad que va a haber para decenas de miles de desempleados de tener un empleo nuevo en unos pocos meses». Si su objetivo era realzar los efectos que, a su entender, comportará el plan extraordinario para infraestructuras locales respecto al paulatino deterioro del mercado laboral, nos encontraríamos ante un anuncio voluntarista y falaz, toda vez que por positivas que sean las cifras de contrataciones que aporte dicho plan, se crearán para unos cuantos meses y simultáneamente a la más que previsible destrucción de un número superior de puestos de trabajo.

Hace ya meses que el fuerte desgaste del empleo no es imputable a la crisis de la construcción y Euskadi es un ejemplo. El incremento del paro en los servicios y en la industria obliga a pensar en un problema del que no se libra ningún sector de la economía y que, por eso mismo, tampoco puede ser paliado sólo primando a las pequeñas y medianas empresas de la construcción. Los poderes públicos están obligados a impulsar políticas que contribuyan al mantenimiento de las ocupaciones y, en lo posible, a la creación directa e indirecta de nuevos puestos de trabajo. Pero este esfuerzo ha de atender a tres condiciones ineludibles: la calidad del empleo, su duración en el tiempo y el coste que cada puesto represente para las arcas públicas. Son factores de una ecuación que deberían cuidar todas las instituciones, puesto que los resultados que se obtengan a muy corto plazo no pueden hipotecar las políticas públicas, ni presentar como logros duraderos medidas de efecto coyuntural. Por si cupiera alguna duda, el drástico aumento de la cantidad presupuestada para la cobertura del desempleo y el ineludible déficit en que incurrirá el Inem obligan al Gobierno a meditar sobre cuál es la escala de prioridades idónea en una materia tan crucial.