En un momento de creciente debilidad económica, la Diputación se aferrará al sector privado para financiar las principales inversiones del territorio. La fórmula constructiva, hasta ahora inédita en Álava, se utilizará en la futura residencia para mayores de Lakua, que comenzará a edificarse a principios de primavera por la firma vitoriana Construcciones Urrutia S.A. Durante 40 años, la institución foral pagará un alquiler de 765.000 euros anuales, más IVA, -con un incremento cada ejercicio del 30% del IPC-. El servicio, no obstante, será prestado por personal del Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS).
Las obras comenzarán «a principios de primavera» y se prolongarán durante 21 meses, de forma que el geriátrico no estará abierto hasta el segundo trimestre de 2011. Como recalcó ayer el teniente de diputado general, Claudio Rodríguez, la Diputación ha logrado una rebaja de 135.000 euros mensuales en el precio de arrendamiento. «Con esta fórmula, sólo perdemos del orden de 1.600 euros al año, pero conseguimos que la institución tenga dinero para otras actuaciones, y que se trasladen todos los riesgos constructivos a la empresa, que también se encargará de mantener el edificio», enfatizó el 'número dos' del Gabinete Agirre.
El complejo estará formado por un geriátrico, con capacidad para 50 personas, y un centro de día de 25 plazas. La parcela, de 5.481 metros cuadrados y ubicada entre las calles Baiona y Zarautz, ha sido cedida por el Ayuntamiento. «Con este proyecto -apostilló Rodríguez-, vamos a conseguir el objetivo de impulsar la obra pública con la creación de 95 puestos directos y 50 indirectos». El IFBS, además, aportará otros 49.
Polémica fórmula
Esta fórmula, empleada en las principales comunidades autónomas, también será utilizada en los dos próximos geriátricos que se construirán en Vitoria, uno en Abetxuko y el otro en Aretxabaleta. Dos proyectos, por cierto, para los que aún no hay fecha ya que «la Diputación está a la espera de que el Consistorio nos ceda la parcela». Asimismo, el Gabinete Agrie recurrirá al sector privado para construir parte de las nuevas unidades comarcales de extinción de incendios.
La estrategia utilizada por el tripartito foral PNV-EA-Aralar es vista con cierto recelo por la oposición, sobre todo por el PP. Los populares no cuestionan la opción elegida, aunque rechazan que se abuse de ella, ya que establecer contratos tan largos podría condicionar presupuestos de años venideros.
Por este motivo, su portavoz, Javier de Andrés, ha presentado una proposición de norma foral en las Juntas Generales para que sea la Cámara la que autorice a la Diputación este tipo de actuaciones siempre que el gasto anual sea superior a 100.000 euros y el plazo de pago, a cinco años.
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