31.01.09 -
El Gobierno ordenó ayer a la Abogacía del Estado que promueva ante el Tribunal Supremo la anulación de las candidaturas para las elecciones vascas de Askatasuna y Demokrazia Hiru Milioi (D3M), así como la ilegalización de la primera de estas organizaciones políticas. El Ejecutivo decidió poner en marcha ambos procesos a la vez porque cree tener «un relato probatorio» suficiente para que la Justicia adopte las dos medidas, a diferencia de lo que ocurrió en 2007 con las listas de Acción Nacionalista Vasca (ANV) para los comicios municipales y forales.
La vicepresidenta María Teresa Fernández de la Vega explicó que los informes encargados a las fuerzas de seguridad acreditan que hay «vínculos» entre D3M y Askatasuna con Batasuna y otros partidos ilegalizados. En concreto, la plataforma electoral, según el acuerdo aprobado ayer por el Consejo de Ministros, mantiene «vinculaciones» con Batasuna, mientras que los integrantes de Askatasuna tienen relación con todos los partidos ilegalizados entre 2003 y 2008, esto es Batasuna, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Partido Comunista de las Tierras Vascas y ANV.
La portavoz gubernamental no detalló qué pruebas han recabado la Policía y la Guardia Civil sobre estos lazos y se limitó a decir que se ha constatado la existencia de «conexiones, contactos, reuniones y otros elementos que están probados en los informes» de las fuerzas de seguridad.
Fuentes gubernamentales precisaron que «la filosofía» de los estatutos de Euskal Herritarrok y Askatasuna es «parecida». Además son relevantes «las declaraciones de quienes promovieron» la plataforma D3M y la candidatura del partido durmiente creado en 1998 por la izquierda abertzale y cuya única participación electoral se remonta a 2001.
Fernández de la Vega señaló tras la reunión del Consejo de Ministros que los abogados del Estados están autorizados a «ejercer todas las acciones legales» previstas en la Ley de Partidos para que ambas candidaturas no puedan presentarse a las elecciones vascas del 1 de marzo. «El Gobierno -aseguró- está decidido a cumplir y a hacer cumplir la ley para evitar el fraude que algunos pretenden».
Calendario
A partir de ahora, los servicios jurídicos presentarán ante la Sala del 61 del Tribunal Supremo entre el 4 y 5 de febrero sendas demandas de impugnación de las listas. Los jueces deben, de acuerdo a la ley electoral, resolver las peticiones antes del 8 de febrero. La decisión puede ser recurrida ante el Constitucional, que tiene de plazo para tomar una resolución hasta la medianoche del 12 de febrero, momento en que empieza la campaña electoral en el País Vasco.
En el caso de la ilegalización de Askatasuna -del mismo nombre que la asociación de ayuda a los familiares de los presos de ETA-, los letrados de la Administración presentarán, al amparo de la Ley de Partidos, una demanda ante el Supremo para que decrete que esa organización ha dejado de ser legal, disponga la disolución de la misma, cancele su inscripción en el registro del Ministerio del Interior y ordene el cese de actividades. Este proceso no tiene plazos tasados, a diferencia de la anulación de las listas.
Fuentes gubernamentales justificaron esta contundencia -en comparación con las medidas tomadas con las listas de ANV para las municipales de hace dos años- en que entonces no estaba «maduro» el proceso para impulsar la anulación de todas las candidatura de esa formación ni para instar su ilegalización. El Supremo anuló en aquella ocasión 133 de las 245 candidaturas de ANV en municipios de Euskadi y Navarra, pero no abrió un proceso para ilegalizar el partido porque la Abogacía del Estado no lo reclamó hasta el 30 de enero de 2008.
La diferencia, insistieron las fuentes, radica en que ahora las fuerzas de seguridad tienen pruebas suficientes para la impugnación de las listas y también para plantear la ilegalización, y hace dos años el entramado probatorio era más endeble, como lo demuestra que casi la mitad de las candidaturas de ANV pasasen el filtro del Supremo y del Constitucional.
Trámites
Ayer mismo, la Fiscalía del Tribunal Supremo solicitó a la Junta Electoral de Euskadi información sobre los trámites administrativos llevados a cabo por Askatasuna o D3M en las diferentes elecciones celebradas desde 1998. Según consta en las actas de la Junta celebrada el jueves, el Ministerio Público le pidió datos relativos a cualquier tipo de trámite administrativo que hayan realizado las dos formaciones con ocasión de cualquier proceso electoral desde 1998.
