El interminable conflicto de Oriente Próximo
El juez Andreu imputa a un ministro y seis altos cargos hebreos por la muerte de catorce civiles en un ataque selectivo en Gaza en 2002
Una estudiante palestina barre los cristales de una clase tras un bombardeo israelí. / AP
DE PINOCHET A TÍBET
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu decidió ayer investigar la presunta responsabilidad penal por «crímenes contra la humanidad» de un ex ministro de Defensa israelí y seis altos cargos militares por el bombardeo que en julio de 2002 acabó con la vida de catorce civiles en la franja de Gaza. El ataque selectivo iba dirigido contra la vivienda de un líder de Hamás, que también falleció, y dejó además 150 heridos, la mayoría graves y con secuelas permanentes.
La querella fue presentada por el Centro Palestino por los Derechos Humanos, que representa a familiares de seis de los asesinados. Está dirigida contra el ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer, hoy diputado laborista y titular de Infraestructuras, y alcanza a la cúpula militar hebrea en el momento de la masacre, entre ellos el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Moshe Yaalon, y el comandante de las Fuerzas Aéreas Dan Halutz. La demanda también involucra al entonces primer ministro Ariel Sharon, en estado vegetativo desde 2005.
A todos ellos el magistrado les imputa un delito contra la humanidad por «crímenes de guerra», en el marco de la competencia que la legislación española atribuye a la Audiencia para instruir delitos por genocidio, terrorismo o contra civiles cometidos en un conflicto armado fuera del territorio nacional. Esa norma deja abierta la puerta para que el tribunal admita también a trámite otra querella interpuesta la pasada semana por una asociación cultural de Melilla por la última ofensiva israelí en Gaza. Va dirigida contra el primer ministro, Ehud Olmert, y los responsables de Defensa y Exteriores, Ehud Barak y Tzipi Livni, «brazos ejecutores» de la operación que dejó unos 1.300 muertos, una tercera parte niños, según la ONU.
No viajar a España
La demanda por el asesinato de los catorce civiles en 2002 fue presentada el verano pasado. Entonces, el juez Andreu cursó una comisión rogatoria a Israel para que le informase sobre la existencia en este país de algún procedimiento abierto por los hechos. Pero las autoridades hebreas no respondieron. Es más, días después de conocerse la querella, Tel Aviv informó a los presuntos responsables del bombardeo de que no viajaran a España -«ni por trabajo ni por turismo»- por temor a que fueran arrestados y procesados. Si ello ocurría, les advirtieron, se podría generar una grave crisis diplomática entre ambos países.
Ahora, una vez admitida a trámite la demanda, el juez Andreu le vuelve a pedir a Israel que notifique el escrito a los imputados a fin de que sean citados a declarar en una fecha aún por determinar. Además, solicita otra autorización a la Audiencia para desplazarse a Gaza con el objetivo de tomar declaración a familiares y testigos de las víctimas. El instructor advierte en el auto de que si en el transcurso de la investigación las pruebas demuestran que la acción respondía a una «estrategia predeterminada» podrían calificarse los hechos de una forma «más grave».
El ataque «excesivo o desproporcionado», según calificación del magistrado, tuvo lugar el 22 de julio de 2002. Hacia medianoche, un avión F-16 lanzó una bomba de una tonelada sobre el barrio de Al-Daraj, en la Ciudad de Gaza, al norte de la Franja palestina. El objetivo principal era la casa del comandante del movimiento Hamás Salah Shehadeh y tenía como fin último «asesinarlo».
El potente artefacto alcanzó la vivienda y acabó con Shehadeh. Pero también destruyó la que ocupaba la familia Mattar, situada a menos de dos metros de la primera. Siete miembros de la misma fallecieron, entre ellos varios niños, además de otros tantos civiles pertenecientes a otras cuatro familias que vivían en edificios colindantes. Los daños materiales también fueron cuantiosos.
La consecuencia del ataque levantó una gran polvareda en Israel. Al ser preguntado sobre qué sentía tras la incursión en una zona tan densamente poblada, el comandante de las Fuerzas Aéreas, Dan Halutz, señaló: «Siento una leve sacudida que se pasa después de un segundo». Una opinión que podría usarse como agravante en caso de un futurible procesamiento. Halutz es conocido por idear los ataques selectivos.
La decisión del magistrado de la AN de investigar los crímenes en Gaza es el último caso de una larga lista de querellas admitidas a trámite en España para investigar crímenes de lesa humanidad a lo largo de varios países del mundo.
