La izquierda abertzale tratará de repetir con Askatasuna el camino seguido con EHAK para tener grupo propio en el Parlamento vasco. El partido, creado en agosto de 1998 pero que apenas ha tenido presencia política en los últimos años -tomó parte en las autonómicas de 2001 y obtuvo 600 votos-, ha presentado sendas listas en Vizcaya, Álava y Guipúzcoa sin vínculos aparentes con Batasuna o cualquier otra marca radical ilegalizada. Los 84 candidatos que componen las tres planchas -25 titulares y tres suplentes por cada circunscripción- carecen de lazos evidentes con organizaciones proscritas más allá de haber dado su apoyo a declaraciones públicas contra procesos judiciales como el que condenó al entorno de ETA dentro del sumario 18/98.

Son, según los primeros análisis de los servicios de Información de la Policía y la Guardia Civil, profesionales de la sanidad, profesores, deportistas, estudiantes, comerciantes, abogados, periodistas, escritores y artistas sin grandes antecedentes electorales, salvo el caso de alguna candidata que ya formó parte de una lista de mujeres al Ayuntamiento de San Sebastián en 1999. Como claro ejemplo de esta estrategia, según fuentes policiales citadas por la agencia Colpisa, los tres cabezas de cartel, Daniel Campo Urquidi, José Manuel Leunda Dolado y Juan José Basterra Leunda, son unos auténticos desconocidos en la esfera política, como lo era Nekane Erauskin cuando hace cuatro años encabezó la plancha de EHAK.

La confección de esta 'lista blanca' tendría como objetivo impedir que el Tribunal Supremo, a través de la Sala Especial del 61 -la que aplica la Ley de Partidos-, pueda ordenar la disolución de Askatasuna. La formación política, que en 1998 inscribió su sede social en un domicilio particular de Bilbao a nombre de José Antonio Munduate, tendría a su favor, además de a unos candidatos no 'contaminados', sus once años de andadura sin haber levantado sospechas con anterioridad.

Fuentes jurídicas entienden que la izquierda abertzale pretende con esta candidatura poner en dificultades la labor de las Fuerzas de Seguridad, de Fiscalía y de Abogacía del Estado. Según explicaron ayer a este periódico en el Supremo, la impugnación de sus listas, que ya ha anunciado el Gobierno, deberá apoyarse en «datos contundentes» si quieren conseguir la disolución de Askatasuna. «No basta con presentar como prueba la mera relación personal de alguno de los candidatos con ciertos miembros relacionados con la izquierda abertzale. Tendrán que aportar vínculos económicos o algo evidente», apuntaban desde el alto tribunal.

La 'vía Garzón'

Las dificultades que plantea a nivel judicial la confección de las candidaturas de Askatasuna se reducen a la mínima expresión en el caso de D3M, la plataforma electoral que también ha presentado listas en los tres territorios históricos. Demokrazia Hiru Milioi, que a diferencia del otro partido sí ha ofrecido ruedas de prensa y ha mostrado en público sus apoyos -tiene previsto un acto de presentación de candidatos el sábado por la tarde en el Kursaal-, ha confeccionado sus planchas con decenas de nombres vinculados con organizaciones y partidos proscritos como Segi, Gestoras, Batasuna, HB, ANV y EH, entre otras. Sería el caso de los tres cabezas de lista: Idoia Íbero, Itziar Lopategi y Amparo Lasheras, esta última detenida el pasado viernes y encarcelada por orden del juez Baltasar Garzón bajo la acusación de pretender recomponer la estructura de la ilegal Batasuna. En Guipúzcoa, por ejemplo, figura la ex presa de ETA Begoña Sagarzazu, que ya fue en una plancha de EH.

En medios judiciales se apunta precisamente a la actuación de este magistrado como uno de los posibles caminos que el Gobierno podría abrir, a través de la Abogacía del Estado y la Fiscalía, para actuar contra Askatasuna. Los servicios jurídicos de la Administración central tendrían como opción derivar toda su actuación a la vía penal y reclamar al magistrado titular del juzgado central número cinco de la Audiencia Nacional que decrete la suspensión de actividades de esta marca como continuadora de Batasuna. Para ello bastaría con que se obtuvieran «indicios fundados» de esa relación, sin que fueran necesarias las pruebas contundentes que sí se requerirían si el proceso llegase al Supremo.

De apreciar Garzón que existen motivos para decretar la suspensión de actividades como medida cautelar, Askatasuna tendría cerrada la puerta a su participación en las elecciones del 1 de marzo. Las peculiaridades del procedimiento judicial español harían imposible que la decisión de ese juez pudiera ser revocada antes de los comicios aunque se presentara un recurso ante una instancia superior. Los escritos en casación suelen tardar alrededor de un año en ser tomados en cuenta por el Supremo.

La medida no sería, en todo caso, definitiva. El propio Garzón podría anular meses después la suspensión de actividades si no consiguiera los datos suficientes con que sostener una disolución del partido o, incluso, si la Fiscalía se lo demandase. Todo ya una vez que se hubieran celebrado las elecciones autonómicas de marzo.