conflicto en oriente próximo
29.01.09 - 20:58 -
El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha imputado al ex ministro de Defensa Benjamín Ben-Eliezer y a seis militares israelíes un delito contra la humanidad por un ataque "desproporcionado" producido en la franja de Gaza el 22 de julio de 2002 en el que murieron un presunto líder de Hamas y 14 civiles. La respuesta airada del Gobierno de Tel Aviv no ha tardado en llegar.
El magistrado Andreu ha comunicado esta decisión en un auto en el que admite a trámite la querella que interpuso el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR, por sus siglas en inglés) por estos hechos: el lanzamiento desde un avión de combate israelí, un F-16, de una bomba de una tonelada en el barrio de Al Daraj contra la casa del dirigente de Hamás Salah Shehade, que se saldó con su muerte y la de catorce civiles -la mayoría niños y bebés- e hirió a 150 personas.
Este ataque "contra la población civil", según indica Andreu en el auto en el que admite la querella, "es producto de una acción que se adivina como claramente desproporcionada o excesiva" y advierte de que, "si en el curso de este procedimiento se prueba" que responde a "una estrategia preconcebida", podría dar lugar a una calificación "más grave" de los hechos.
En su resolución, el juez acuerda cursar una comisión rogatoria a la Autoridad Nacional Palestina para poder desplazarse a la franja de Gaza a tomar declaración a los querellantes, testigos y víctimas de este ataque, y otra al Gobierno israelí para notificar este auto a los imputados, con el objeto de citarles para ser interrogados. Sin embargo, todo indica que Israel no colaborará, ya que, según explica el propio Andreu en su auto, la decisión de admitir la querella la ha adoptado tras "no haber recibido respuesta alguna a la solicitud formulada" al Estado de Israel sobre si se estaba investigando ya este ataque.
Los imputados
Entre los imputados destacan, además del ex ministro de Defensa, su ex asesor militar, Michael Herzog, el ex jefe del Estado Mayor general Moshé Yaalón y el comandante de las Fuerzas Aéreas israelíes cuando se produjo el ataque, Dan Halutz. También figuran el general al mando del Mando Sur de las Fuerzas de Defensa, Doron Almog, el presidente del Consejo Nacional de Seguridad y Asesor Nacional de Seguridad, Giora Eiland, y el director del Servicio General de Seguridad, Abraham Dichter.
La querella, que fue presentada por el PCHR en representación de seis familiares de los palestinos asesinados, involucraba también en los hechos al entonces primer ministro de Israel Ariel Sharon, en coma profundo desde el año 2005.
El magistrado Andreu, que les imputa indiciariamente un delito contra la humanidad, asume la competencia de la causa en función de lo señalado en la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ), que regula que España puede investigar el genocidio, el terrorismo y los delitos contra las personas cometidos en conflictos armados, bien se sucedan en su territorio o fuera de él.
El Centro Palestino para los Derechos Humanos presentó una demanda en el Reino Unido contra el que fuera jefe del Distrito Sur del Ejército israelí, general Dorón Almog, por su supuesta participación en crímenes de guerra en la franja de Gaza cuando ocupaba ese cargo. Almog, que viajó a Londres de vacaciones con su familia en septiembre de 2005, se vio obligado a regresar sin siquiera descender del avión al ser advertido de que si lo hacía sería detenido por la Policía.
Apoyo de Israel a sus militares
El auto del juez se produce tan solo tres días después de que el Gobierno israelí ratificase un proyecto de ley por el que garantiza su ayuda a los miembros del Ejército que sean denunciados ante la Justicia por haber cometido presuntamente crímenes de guerra durante la reciente ofensiva contra la franja de Gaza.
El proyecto de ley, titulado 'Reforzar la capacidad de las FDI' (Fuerzas de Defensa Israelíes) tras la operación 'Plomo Fundido', fue presentado por el ministro de Defensa, Ehud Barak, y coordinado por los Ministerios de Defensa y Justicia y la Fiscalía del Estado.
Otro juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, tiene pendiente decidir si admite a trámite una querella presentada este mes por la Asociación Intercultura contra los líderes políticos y militares de Israel por la actual ofensiva en Gaza. La querrella es por "crímenes de guerra y contra la humanidad".
Según la presidenta de este colectivo, Yonaida Selam, la denuncia está promovida por una iniciativa popular en Melilla y está firmada por ella misma para solicitar que se juzgue al primer ministro israelí, Ehud Olmert; al ministro de Defensa, Ehud Barak; a la ministra de Asuntos Exteriores, Tzipi Livni; así como al jefe del Estado Mayor General, Gabi Ashkenazi.
