El consejo de administración de Zabalgarbi, empresa dedicada a la incineración de basuras, acordó ayer la destitución de su presidente, Juan Ignacio Unda, y del director financiero. La Diputación de Vizcaya, que controla el 20% del capital de la compañía, exigió esa medida al entender que la pérdida de 3,7 millones de euros por parte de la sociedad en inversiones de riesgo desconocidas por sus administradores, y afectadas por la estafa del 'broker' estadounidense Bernard Madoff, había contribuido a una «pérdida de confianza» en los dos ejecutivos.
El órgano de gobierno de la firma adoptó la decisión horas antes de conocerse que el Banco Santander, que gestionó la polémica operación, compensará a Zabalgarbi con acciones preferentes por su inversión en fondos afectados por el fiasco. Una comisión formada por directivos de la incineradora y dos miembros del consejo ha asumido provisionalmente el mando de la empresa hasta que se produzcan nombramientos definitivos. En el accionariado también figuran Sener y FCC, que se reparten un 60%; el Gobierno vasco (10%), la Mancomunidad de Municipios de la Margen Izquierda (5%) y la BBK (5%).
Asumir riesgos
En la práctica, el 'caso Madoff' ha sido el detonante que ha disparado la crisis en el grupo, el hilo conductor que ha permitido conocer su operativa financiera, aunque no el problema de fondo: la existencia de prácticas de especulación con la tesorería que, si bien en una compañía privada son habituales, resultan más delicadas en una que tiene una significativa presencia de la Administración y que presta un servicio público.
Según ha podido conocer EL CORREO, el consejo de administración no sólo se mostró sorprendido por el hecho de que la empresa se viese afectada por el 'caso Madoff', sino especialmente porque desconocía la inversión en fondos de Optimal, filial del Santander. Los directivos de Zabalgarbi habían tomado la decisión de destinar 10,8 millones a esos 'hedge funds' a finales de 2006, a la búsqueda de una rentabilidad mayor que la que obtenían hasta entonces. El dinero formaba parte de una «garantía» exigida por el grupo de bancos que le concedió el crédito para sus instalaciones y que tiene el objetivo de compensar hipotéticas tensiones de tesorería. El Santander, que debía 'vigilar' la existencia y la solvencia de ese depósito, autorizó la operación a pesar de que los fondos elegidos eran, en términos generales, de alto riesgo.
La Diputación se había mostrado extraordinariamente molesta con este asunto. «Estoy indignado», declaró la pasada semana el diputado general de Vizcaya, José Luis Bilbao, quien no dudó en criticar la actuación de la entidad financiera. Aunque el Ejecutivo foral daba por segura la responsabilidad del banco, también consideraba que la dirección de la empresa no había profundizado lo suficiente en las características de los fondos antes de asumir su contratación. Además, no compartía que esta decisión se hubiese ocultado al consejo.