El destino y futuro político de Bolivia estuvieron ayer en las manos de 3.891.397 electores quienes, según todos recuentos rápidos no oficiales, apoyaron el proyecto constitucional que el Gobierno del presidente Evo Morales consideraba fundamental para «refundar» la nación y consolidar el poder del Estado y de los indígenas.
Encuestas a pie de urna confirmaban esta pasada madrugada el triunfo anticipado por el mandatario. Según cuatro canales de televisión, la nueva Constitución Política del Estado (CPE) habría logrado el apoyo de entre el 50,6% y el 60%, mientras que el 'no' se quedaría en torno al 40%.
Por provincias, el 'sí' habría ganado en La Paz, Cochabamba, Potosí y Oruro. El 'no', como era de esperar, habría vencido ampliamente en los departamentos opositores de Santa Cruz, Beni, Pando y Tarija, y quedó en empate técnico en Chuquisaca. Por zonas, el rechazo fue mayor en las áreas urbanas, mientras que en las rurales, más de 70% secundó el proyecto del gobernante aymara que centraliza los poderes en el Estado y defiende a los indígenas que durante años han estado discriminados por una minoría mestiza o blanca.
Los gobernadores autonomistas advirtieron de que no reconocerán los resultados generales y sólo validarán los de sus respectivos departamentos. Pero el vicepresidente, Álvaro García Linera, uno de los ideólogos de la reforma constitucional, rechazó esos planteamientos y aseguró que «los bolivianos acataremos lo que el pueblo decida, porque la convocatoria del referéndum es a nivel nacional».
La jornada, supervisada por unos 200 observadores internacionales -entre ellos cuatro senadores españoles-, transcurrió con normalidad. Morales votó a las 9.05 horas en su bastión del Chapare, la región cocalera de Cochabamba, en el centro del país. A esa hora, el presidente aventuraba ya una victoria avalada por el 67% que sacó en el referendo revocatorio de agosto pasado.
«Día histórico»
Tras depositar su sufragio comentó que era un día «histórico» porque los ciudadanos definían en esta votación «el destino y futuro del país». Uno de los artículos aprobados le permitirá optar a la reelección para un nuevo mandato de cinco años en las próximas elecciones del 6 de diciembre.
Llegar hasta aquí no ha sido nada fácil. El primer mandatario indígena hizo de la reforma un objetivo del mandato que asumió en enero del 2006. Logró la instalación de la Asamblea Nacional, encargada de redactar los 411 artículos del nuevo marco legal. Sin embargo, la oposición encabezada por los gobernadores de las regiones autonomistas, que también son las más ricas en recursos naturales, frenó el consenso. La violencia ha sido casi permanente en este tiempo. Sólo en octubre pasado se alcanzó un acuerdo que ha permitido llegar hasta el referéndum de ayer. Claro que para ello el Gobierno ha tenido que ceder en la modificación de más de un centenar de apartados.
El gobernante aymara adelantó ayer que «todos debemos cambiar de conducta» y se mostró partidario de que «volvamos a recoger esa trilogía (de la cultura Inca) que nos dejaron los antepasados: el Ama Sua (no seas ladrón), Ama Quella (no seas flojo), Ama Llulla (no seas mentiroso). Incorporo una cuestión de principio que es el antineoliberalismo, anticolonialismo y antiimperialismo».
Confrontación
Rubén Costas, prefecto de Santa Cruz y uno de sus más férreos adversarios, afirmó tras depositar su papeleta que la consulta «abre la esperanza de soñar con un mejor país, pero para todos, de buscar equilibrios para que todos seamos dueños del cambio».
Los gobernadores insisten en que los recursos originados en las autonomías deben revertir a ellas. Con la reforma de la Carta Magna concebida por Evo Morales, la mayor parte de esos riquezas quedará a disposición del Estado, que también controlará, los recursos naturales y la economía nacional. Y como apuntan varios analistas, la confrontación también continuará.