ÁLAVA
El geriátrico foral,
gestionado por Mapfre,
tiene 40 plazas libres en la zona residencial
y en el centro de día
25.01.09 -
La huelga comenzó el 17 de febrero del pasado año. / JOSÉ MONTES
El conflicto laboral de la residencia foral Ariznabarra avanza hacia su primer año de huelga con paso firme. Lejos de acercarse, las posturas de trabajadoras y empresa siguen más distanciadas que nunca a la espera de que la parte contraria dé un nuevo paso. Mientras, la Diputación, propietaria del inmueble, observa desde cierta distancia el discurrir de los acontecimientos convencida de que el contencioso es entre empleadas y Mapfre-Quavitae, la firma que gestiona el servicio hasta 2046. No obstante, el Departamento de Política Social y Asuntos Sociales ha lanzado un órdago a unos y otros decidiendo no llevar a más residentes hasta que no se resuelva el conflicto.
Ahora, en una coyuntura de envejecimiento de la población y escasez de geriátricos, existen más de 40 plazas vacías, tanto en la residencia, que tiene capacidad para 140 personas, como en el centro de día, de 40. Estas vacantes no se han debido a salidas ordenadas por la Diputación, sino que son bajas, sobre todo por fallecimientos. No obstante, el Gabinete Agirre sí ha propuesto a los residentes, en especial a los que están en peor estado, un cambio de centro. Salvo contadas excepciones, nadie lo ha aceptado.
Con esta medida, el Instituto Foral de Bienestar Social (IFBS) evita tener que pagar por las camas vacías, que según la norma general, supone el 60% de los 107 euros que se abonan por cama y día. Según el contrato, si las vacantes no están motivadas por la Diputación, «no está obligada» a pagar por estas plazas, recalcan fuentes forales.
Tres meses sin hablar
La huelga lo impregna todo, pero las vías de solución siguen siendo una quimera. De momento, según ha podido saber este periódico, la diputada del área, Covadonga Solaguren, ha enviado un requerimiento notarial a Mapfre-Quavitae para que tome la iniciativa de reunirse con las trabajadoras -no lo hace desde octubre- y restablezca, además, la estructura de sus nóminas. Éstas, durante los primeros meses de conflicto, fueron modificadas reduciendo el salario base «en 500 euros» y aportando el resto a través de un complemento.
La empresa, por su parte, sigue abonada al silencio de cara a la opinión pública. De puertas adentro, mantiene su decisión de no llegar a ningún acuerdo hasta que el comité de empresa, liderado por ELA, suspenda todos los paros. Si toma esta decisión, su oferta es la de incrementar los sueldos el IPC más 1,25 puntos durante el presente año. Las empleadas -hay unas 125- solicitan un acuerdo a largo plazo para no estar cada ejercicio con continuas negociaciones.
¿Y la Diputación? El tripartito foral PNV-EA-Aralar asegura que su obligación está más que cumplida después de acordar con la empresa el pago de 2,2 millones de euros que se le adeudaban desde 2004. Con este acuerdo, esgrimen fuentes forales, las trabajadoras han conseguido un incremento de sueldo del 52% y una reducción anual de la jornada laboral de 70 horas. Un esfuerzo infravalorado por ELA, que sigue pidiendo al diputado general que se involucre directamente en el conflicto, «como hizo Rabanera» en la huelga de 2003, que duró ocho meses.
