ÁLAVA
Asegura que los 122
millones aprobados
en 2004 sólo eran una «referencia» porque
no había proyectos
24.01.09 -
. El tramo Echávarri Viña-Luko se abrió el de junio./ J . A.
Cuando se habla del coste de la Vitoria-Eibar, todas las miradas apuntas al PP. Fue el partido que bajo el mandato de Ramón Rabanera la impulsó y dio los pasos para construirla. Tanto antes, durante la comisión de investigación, como ahora, en la oposición, los populares niegan el «desfase» y el «sobrecoste» denunciados no sólo por el tripartito foral PNV-EA-Aralar sino también por el resto de grupos junteros, en especial el PSE. «Todo lo que se está diciendo es una falacia y un intento de distorsionar la realidad por el interés político de los nacionalistas», criticó ayer Javier Moraza, portavoz del PP en Obras Públicas.
Consultado por este diario por las cifras ahora reveladas, aseguró que se aproximan a lo que ellos «siempre» han defendido, y recalcó que las empresas «pueden recurrir donde quieran» porque no tienen «nada qué hacer». «Las adjudicaciones no contemplaban revisión de precios», matizó, al tiempo que exigió a la Diputación que «defienda los intereses de los alaveses para que no se pague ni un euro más de lo que deben».
Pero hay varias dudas que despejar. Respecto al IVA, recordó que no es necesario incluirlo, porque la autopista la construye y financia la sociedad anónima Viasa, con lo que el impuesto no hay que computarlo como gasto porque se devuelve. «Si hubiese sido la Diputación, sí habría que incorporarlo. Por eso adoptamos la fórmula de la sociedad anónima, para ahorrar costes», señaló Moraza.
Parte expositiva
Menos interpretaciones caben con los 122 millones que aprobaron las Juntas Generales el 9 de febrero como autorización de gasto para pagar la Vitoria-Eibar. En el texto no se especifica si es con o sin IVA -para el PP se sobreentiende que no- y se explica que esta cantidad servirá para sufragar todos los gastos de la autopista, no sólo los constructivos. «Era una estimación. Esta norma -explicó- no era para establecer el precio sino para pedir la solicitud del crédito sindicado» -la AP-1 la financia la Vital y otras doce entidades-.
En este sentido, el procurador popular recordó que la cantidad está puesta en la parte expositiva y no en la dispositiva, «que es la que vale». Pese a todo, tanto el Gobierno foral como el resto de grupos, sobre todo el PSE, siguen basándose en estos 122 millones. «Es un ejemplo más de lo vergonzoso que resulta ver cómo los socialistas se han echado en los brazos del PNV», denunció Moraza.
