La Fiscalía francesa instó ayer al Tribunal de Apelación de París la entrega a la Audiencia Nacional de los presuntos ex dirigentes del aparato político de ETA Xabier López Peña, 'Thierry', y Jon Salaberria, con el traslado a España aplazado hasta que rindan cuentas con la Justicia gala. La corte pidió a Madrid información adicional sobre la primera reclamación tramitada en contra de Garikoitz Aspiazu, 'Txeroki', considerado el jefe de los comandos armados cuando fue detenido en noviembre en Cauterets.
El tribunal de París quiere que las autoridades judiciales españolas precisen «las circunstancias de comisión de la infracción y el grado de participación de Aspiazu Rubina en los hechos que le son reprochados y por los que es reclamado». El juez Ismael Moreno le imputa en una euro-orden la planificación, fabricación y envío del paquete-bomba, cebado con entre 210 y 230 gramos de dinamita y dirigido a Enrique Ybarra, alto cargo del Grupo Correo, que fue desactivado por artificieros de la Ertzaintza el 17 de enero de 2002.
Los magistrados parisienses han concedido un plazo de diez días para recibir los informes solicitados con traducción al francés. La nueva vista del expediente fue señalada para el próximo 4 de febrero. Ese mismo día serán falladas las euro-órdenes examinadas ayer contra López Peña, Salaberria y Leire López Zurutuza. En el caso de esta última, arrestada en compañía de 'Txeroki', el fiscal juzgó necesario disponer de datos complementarios sobre la imputación de pertenencia al 'comando Zapa' en 2004 y 2005.
Los tres reclamados aprovecharon su turno de palabra para pronunciar discursos reivindicativos de sus postulados políticos. 'Thierry', que habló en francés, expresó su «solidaridad con el pueblo palestino y la firme condena de los crímenes de guerra del Estado de Israel, para el que parece que no existe el derecho internacional».
Salaberria, que fue parlamentario de Sozialista Abertzaleak en la Cámara de Vitoria, explicó que pasó a la clandestinidad en 2005 «porque las autoridades españolas vienen desarrollando una política de vulneración de todos los derechos políticos y civiles de los independentistas vascos». Leire López, también en español con traducción de un intérprete, advirtió de que, «si el País Vasco no es respetado como pueblo, no se solucionará el conflicto ni su expresión armada», antes de concluir con un «gora ETA».
La abogada Yolanda Molina, que citó informes internacionales sobre las denuncias de torturas en España, pidió el rechazo de las euro-órdenes o información complementaria. López Peña es reclamado por impartir cursillos a un activista con la misión de atentar en Valencia contra la Copa América de vela. A Salaberria se le implica en el cobro del 'impuesto revolucionario' a una empresa navarra.