No había tiempo que perder. Barack Obama no mentía cuando dijo que se estaba preparando para «tocar el suelo corriendo». Apenas juró como presidente se acercó al ministro de Defensa, Robert Gates, que repite Administración, y le ordenó de viva voz que detuviese de inmediato todos los juicios militares de Guantánamo. Sólo unas horas después, el consejero legal de la Casa Blanca, Greg Craig, adelantaba a miembros del Congreso una noticia aún más esperada: el nuevo mandatario estadounidense tiene previsto firmar hoy mismo una orden ejecutiva para exigir el cierre de la prisión en el plazo máximo de un año.

Junto a la clausura del centro de reclusión, una de las promesas que hizo durante la campaña electoral y en la que se ha reafirmado cada vez que ha tenido ocasión, Obama dictará hoy otras dos órdenes, según informó la cadena ABC citando a altos funcionarios. El objetivo de las mismas sería prohibir el uso de la tortura y abrir una revisión de los procesos de detención. El colofón perfecto tras la decisión de paralizar los juicios a los arrestados, una orden que el titular de Defensa, que tanto ha trabajado para acelerar la labor de los tribunales especiales, cumplió con la misma celeridad con que fue emitida.

Mientras todo Washington estaba de fiesta, los mandos del Pentágono fueron informados de que deben «frenar todos los procedimientos» para dar «al recién inaugurado presidente y su Gobierno tiempo para revisar las actuaciones de la comisión militar, en general, y específicamente los casos pendientes». Obama ha pedido 120 días para llevar a cabo esa tarea.

Era una vieja promesa de campaña que muchos esperaban que llevase a cabo en su primer día en la Casa Blanca, pero Obama ni siquiera esperó a poner un pie en su nueva residencia. Amnistía Internacional lo celebró con un comunicado cauteloso al esperar «que sea una señal de que el Gobierno de Estados Unidos rechazará, de una vez por todas, las políticas del pasado que tanto daño han causado a los derechos humanos y a la letra de la ley».

El primer beneficiado es Omar Khadr, un niño soldado de origen canadiense que cuando fue detenido en Afganistán en 2002 tenía 15 años. Su juicio iba a empezar el lunes, pese al clamor desesperado de sus abogados. Le acompañarán otros 244 detenidos cuya suerte está en el aire, entre ellos la del presunto cerebro del 11-S.

Intenso estreno

Obama se había acostado de madrugada, después de un día largo que acabó sobre la pista de baile, y a las 7.45 horas sus asesores ya habían convocado la primera reunión. A las 8.30, se unió al grupo, dispuesto a discutir los asuntos del día antes de escuchar la tradicional misa en la catedral con la que comienzan su mandato todos los presidentes.

En el primer banco del templo se dieron cita Barack Obama con su esposa Michelle, su vicepresidente Joe Biden con su mujer Jill, y el ex presidente Bill Clinton acompañado de la suya. Hillary Clinton ni siquiera había sido confirmada todavía por el Senado, pero su posición en el banco dejaba claro que tanto ella como su marido están de vuelta en la Casa Blanca. En las horas siguientes, Obama se reunió con su equipo económico y con la cúpula del Estado Mayor para discutir cómo llevar a cabo otra de sus grandes promesas electorales: retirar las tropas de Irak en dieciséis meses, así como revisar la batalla pendiente en Afganistán.

No acabó ahí el intenso estreno. En sus primeras llamadas telefónicas, el dirigente demócrata tuvo el conflicto palestino en mente, como demostró en sus conversaciones con el presidente de Egipto, Hosni Mubarak; el primer ministro israelí, Ehud Olmert; el líder de la Autoridad Nacional Palestina, Mahmud Abbas, y el rey Abdalá de Jordania. A todos ellos les prometió ayuda para que se consolide el alto al fuego declarado unilateralmente por Israel en vísperas de su toma de posesión, y apoyar a Palestina en la reconstrucción de Gaza, siempre que no suponga el fortalecimiento de Hamás y el reinicio del contrabando de armas en la región, matizó.

Eran cuestiones de principios, como lo fue también el puñado de órdenes dedicadas a fomentar la transparencia de su Gobierno y acabar con el poder de los 'lobbies' en la Casa Blanca. Durante la jura de sus empleados, el presidente les anunció que les congela los sueldos y que ya no podrán contar con una suculenta nómina de los grupos de influencia cuando abandonen la Casa Blanca. «No se nos puede olvidar que somos servidores públicos», les sermoneó. Y como tales, les recordó que bajo su mandato «la Casa Blanca será la casa de todos», excepto la de los 'lobbies', a los que pretende cerrar «la puerta giratoria» que abren al contratar al personal de la residencia presidencial, con todos sus contactos e influencias sobre los compañeros que dejan atrás. Según la nueva orden, ninguno de los nuevos funcionarios podrá ir a trabajar para ese tipo de empresas mientras pertenezcan al equipo de Obama, y se comprometen a no influir en sus compañeros cuando dejen el cargo.

La transparencia que promete el afroamericano trae también el reforzamientos de la Ley de Libre Información que el Gobierno Bush peleó con uñas y dientes en los tribunales cada vez que se utilizó para demandarle documentos comprometidos. «Durante mucho tiempo ha habido demasiado secretismo en esta ciudad», criticó Obama al poner punto y final a la era de oscurantismo que trajo Dick Cheney y el resto de sus dinosaurios políticos.