POLÍTICA
Allegados del jesuita asesinado en
El Salvador restan trascendencia a la
investigación de la Audiencia Nacional
18.01.09 -
José Ellacuría posa con un retrato de su hermano Ignacio. / BORJA AGUDO
Cuando José Ellacuría colgó el teléfono aquel 16 de noviembre de 1989 lo primero que pensó fue en la manera de explicar a su padre, de 98 años y salud muy delicada, que su hijo Ignacio había sido asesinado de madrugada, mientras descansaba en la residencia de la Universidad Centroamericana de San Salvador. «Entonces vivía en Portugalete, nuestro pueblo, y mientras los hermanos discutíamos cómo prepararlo, lo oyó en la radio. Al final, él creyó que nos lo había revelado a nosotros». Falleció una semana después.
Han transcurrido dos décadas y la Audiencia Nacional ha iniciado formalmente una investigación para dirimir las responsabilidades penales por aquel crimen. La querella fue presentada el pasado noviembre por la Asociación Pro Derechos Humanos de España y el Centro de Justicia y Responsabilidad, una entidad norteamericana, y se dirige contra los ejecutores del acto, militares del batallón Atacatl, la cúpula castrense de la época, y Alfredo Cristiani, el entonces presidente de la República, como encubridor.
El hermano asegura que no seguirá las pesquisas. «No me interesa nada. No va a ayudar en aquel país», confiesa. «Es inútil la venganza si el castigado no es consciente de que ha hecho mal, aunque no estaría mal que los culpables vayan dos años a trabajar al campo para que conocieran las condiciones en las que sobrevive la población».
«La familia no reclama justicia», confiesa y se remite a un comunicado de la Compañía en España y que apoya la tesis de que este caso debe resolverse en el país latinoamericano para que los nativos no entiendan la iniciativa como la injerencia de una potencia extranjera. «En la institución académica creen que, un día, los salvadoreños serán capaces de asumir el juicio, que lo importante es que el pueblo sepa la verdad y resuelva sus problemas».
Él visitó la tumba en el primer aniversario de los hechos. La lápida aparece rodeada de flores y misivas con peticiones de toda índole. «Como si fueran santos», advierte. «Nuestro punto de vista es que no vamos a la muerte, sino a un cambio de vida. Al adoptar este estilo de vida religiosa, plantamos cara a la realidad tal y como es. Y una forma de sacrificio como la suya es la más honrosa posible».
Ambos hermanos estudiaron en un colegio de Tudela y, curiosamente, durante su adolescencia, Ignacio, dos años menor, nunca manifestó un atisbo de vocación sacerdotal. Tampoco expresó voluntad de ir a Latinoamérica. En cambio, José sí indicó su preferencia por la República China de Taiwan, donde permaneció durante cuarenta años. Mientras uno proyectaba su compromiso en la docencia, el otro lo aplicaba al ámbito sindical, apoyando las formaciones independientes.
«Chocar con la injusticia»
Durante décadas su contacto fue muy escaso, indirecto, a través de las cartas que dirigían a sus padres. «Compartíamos el mismo pensamiento y también el carácter. Los dos hemos chocado con la injusticia», explica. A primeros de noviembre de 1989, Ignacio había vuelto a España para recoger el Premio de la Fundación Comín. Entonces le desaconsejaron el regreso a la Universidad, en la que ejercía como rector, ya que la guerrilla había alcanzado la capital y el ambiente era muy tenso. Solicitó consejo al Provincial de la Orden y ante la recomendación de que se guiara por su propio criterio, volvió a San Salvador. Un par de días después fue asesinado. «Él no pensaba que le fueran a matar porque ejerció labores de intermediación en el secuestro de la hija del presidente Duarte».
La víspera de los sucesos los militares recorrieron el recinto universitario. «Supuso que el Ejército quería cerciorarse de que era un lugar pacífico, cuando lo cierto es que querían conocer la disposición de las estancias». Ignacio Ellacuría, partidario de una solución negociada del conflicto salvadoreño, fue asesinado junto a otros cinco sacerdotes españoles y otro religioso salvadoreño. Dos empleadas de la institución académica también perecieron.
El crimen generó protestas que el régimen intentó aplacar con una comisión especial, cuyas actuaciones propiciaron el arresto de varios oficiales y soldados. Sin embargo, nunca se ha aclarado la identidad de los autores intelectuales y las leyes de punto final de 1993 evitaron que los culpables materiales acabaran en la cárcel.
