18.01.09 -
La universalidad de los derechos y la existencia de crímenes contra la Humanidad, objeto de persecución por cualquier tribunal, han impulsado la actividad internacional de la Audiencia Nacional en los últimos trece años. Sus actuaciones han obtenido gran repercusión mediática y puesto en tela de juicio la impunidad de estadistas con ánimo represivo y maneras violentas.
En 1996, Miguel Miravet, fiscal del Tribunal Superior de Valencia, interpuso una denuncia por genocidio y terrorismo contra Augusto Pinochet y otros militares de la Junta surgida tras el golpe militar contra Allende, incluyendo entre las víctimas a siete ciudadanos españoles. Una orden del juez Baltasar Garzón permitió el arresto domiciliario del dictador en Londres, a donde había acudido para una intervención médica. Aunque fue liberado por razones humanitarias, a su regreso a Chile hubo de hacer frente a nuevos procesos.
Los tribunales españoles también se manifestaron respecto a la represión en Argentina. Hace casi cuatro años, la Audiencia dictó una condena de 640 años contra el ex militar Adolfo Scilingo por delitos de lesa humanidad.
La Nobel de la Paz Rigoberta Menchú también presentó una denuncia contra los implicados en el genocidio indígena guatemalteco, un proceso que acabó con la vida de cientos de miles de campesinos. El Tribunal español acusó a cinco mandos, entre ellos el presidente Efraim Rios Montt, y dos civiles, pero en 2007 la Corte Constitucional local resolvió a favor de los acusados el recurso de amparo.
La última de las actuaciones judiciales se ha vuelto hacia África y apunta a la cúpula militar de Ruanda, un país que intenta pasar página tras haber padecido un duro conflicto interétnico. El juez de la Audiencia Nacional Fernando Andreu ha dictado una orden de procesamiento contra cuarenta autoridades por delitos de genocidio, crímenes de lesa humanidad y terrorismo, además del asesinato de nueve españoles.
