E l Banco Central Europeo acordó ayer recortar los tipos de interés en otro medio punto, dejándolos en el 2%, y sugirió que no habrá nuevas rebajas hasta marzo. Si la primera decisión resultaba predecible, dado que la fuerte desaceleración de las economías europeas y la contención de la inflación aconsejaban abaratar el precio del dinero para tratar de reactivar el consumo y la actividad, el aplazamiento de nuevas disminuciones acredita que la institución presidida por Jean-Claude Trichet está dispuesta a guardar una cierta ortodoxia en sus actuaciones, aunque haya optado por reacomodar la política monetaria a las necesidades crecientes de la crisis. Una inflación en la Eurozona por debajo del 2% -un listón que marca el horizonte de estabilidad fijado por el BCE- ha hecho desaparecer el riesgo de incremento en los precios en el que Trichet venía justificando su renuencia a bajar los tipos, pese a la acelerada contracción económica. Pero el hecho de que el lógico recorte decidido ayer se haya visto acompañado de la advertencia de que no habrá más rebajas en dos meses y de que no conviene descuidar los graves riesgos que conllevaría la deflación ratifica la voluntad de la entidad de seguir administrando los márgenes de que dispone de modo mucho más cauteloso que la Reserva Federal, que ha colocado los tipos entre el 0% y el 0,25%. El peligro que supone para EE UU haber llevado este instrumento hasta un punto en el que ya no podrá modularlo si la recesión se agudiza no implica, sin embargo, que el Banco Central Europeo esté acertando con su gestión más pausada. Sobre todo cuando las temidas tensiones creadas por una inflación al alza se han relajado a causa, precisamente, de la aguda ralentización de la actividad a la que esa estrategia de prudencia ha contribuido.

El recorte en los tipos y el descenso de los precios constituyen un indudable alivio para los hogares españoles, que en Euskadi se ve considerablemente atenuado por una tasa de inflación que cierra el año en el 1,9%, la más alta de todo el país y cinco décimas por encima de la media nacional. En un momento en el que el endeudamiento y el enfriamiento del mercado laboral acucian a tantas familias, el ministro Corbacho se mostró partidario de introducir una reforma legislativa en los expedientes de regulación de empleo para evitar que empresas sin pérdidas prejubilen a trabajadores de menos de 50 años. Resulta razonable que el Gobierno se plantee limitar una posibilidad legal que favorece la identificación de la experiencia profesional como un lastre prescindible. Pero la eventual modificación normativa no sólo apunta a la necesidad de operar en paralelo un cambio más profundo en la cultura laboral y empresarial. La disposición a impulsarla también contradice la convicción del Ejecutivo de que el mercado de trabajo comenzará a recuperarse en primavera.