sentencia por maltrato infantil
Los jueces imponen la pena máxima a la madre y el padrastro de la pequeña
Los acusados escuchan el testimonio de un testigo durante el juicio. / EFE
Los torturadores de la pequeña Alba ya tienen su merecido castigo. Ana María Cano y Francisco Javier Pérez han sido condenados a 20 y 22 años de cárcel, respectivamente, por el «clima de terror y de sistemático maltrato tanto físico como vejatorio» que crearon en torno a la niña, que ha quedado postrada en una silla de ruedas, sin posibilidades de volver a caminar o hablar, tras recibir una brutal paliza a manos de su padrastro ante la indiferencia de su madre. La Audiencia de Barcelona ha impuesto la máxima pena posible a los dos acusados por los delitos de lesiones, maltrato habitual y contra la integridad moral y les impone el pago de un millón y medio de euros en concepto de indemnización. Los jueces, además, deniegan a Ana María la posibilidad de ser informada «ni directa ni indirectamente» de la evolución de Alba, tal y como rogó en la última sesión del juicio.
En la sentencia, conocida ayer, el tribunal apunta a Francisco Javier Pérez como «maltratador habitual» de la niña durante los escasos cuatro meses que convivieron. En concreto, le consideran responsable de la fractura de húmero por la que fue hospitalizada en diciembre de 2005 y por la salvaje agresión que tres meses después le provocó una invalidez irreversible. Una paliza que no fue ni de lejos un hecho aislado sino el último acto del terrible calvario sufrido por Alba.
Las circunstancias en las que se desencadenó esta agresión da idea del malsano ambiente en el que vivía la pequeña, una «niña triste», según la definen los que la conocían. La sentencia relata que el 4 de marzo de 2006 los acusados habían planeado acudir a una feria con la hija de él, Maite, y con Alba, que entonces tenía 5 años. Pero a ésta no le apetecía, lo que desató la ira del acusado. Después de decir a Ana María y a su hija que les esperaran abajo, se quedó a solas con Alba y la «zarandeó brutalmente y con tal violencia» que le provocó un hematoma subdural en el hemisferio izquierdo del cerebro.
Al ver que tardaban, Ana María y Maite subieron las escaleras y se encontraron al acusado con la menor en brazos inconsciente y la llevaron «inmediatamente» al centro de salud de Montcada i Reixac, desde donde fue trasladada al hospital Vall d'Hebron. La niña entró en un estado de coma del que salió inválida y muda. El diagnóstico: parálisis cerebral permanente.
Atada a una silla
Los jueces consideran que la madre, que en la vista oral negó haber sido testigo de las agresiones y humillaciones padecidas por Alba, era «perfectamente conocedora» de las palizas y las toleró. Por esa actitud de complicidad, la Audiencia le ha condenado a 20 años y medio de prisión. El tribunal le reprocha su condescendencia con el agresor de su hija, del que tenía que haberla defendido: «No se limitó a saber y consentir las condiciones indignas» en las que se encontraba la niña, destaca, sino que faltó a su «obligación legal de evitar esa situación». Además de la pena de cárcel, los jueces le han retirado la patria potestad de Alba por un período de cinco años y le prohíben acercarse a menos de mil metros de ella durante el mismo periodo cuando salga de prisión.
La sentencia declara probado que Francisco Javier Pérez era el ejecutor: agredió a la menor en diversas ocasiones, la ató a una silla con el cinturón del albornoz, le obligó a tragarse sus propios vómitos, le tapó la boca con cinta aislante y le introdujo agua con una jeringuilla, dando así credibilidad al testimonio de Maite, de 8 años, que presenció los hechos. El tribunal acepta su declaración, prestada cuando tenía 6 años ante un equipo de psicólogos, pese a que nadie le advirtió de que sus palabras podían perjudicar a su propio padre, a lo que por ley podría haberse negado. Maite es otra víctima; su madre contó en el juicio que la pequeña reproducía con detalle el maltrato a Alba con sus muñecas: las desnudaba, las ponía contra la pared, las azotaba en el culo y les introducía una jeringa de juguete por la boca.
Pese a la contundencia del fallo, las penas aplicadas son inferiores a las que reclamaba la acusación particular, ejercida por la Generalitat, que demandaba 28 años y medio de cárcel, y no van más allá de lo solicitado por la Fiscalía, 21 años para cada uno. El tribunal ha desestimado la acusación de asesinato en grado de tentativa planteada por el ministerio público al entender que ni la madre ni su novio «tenían intención de matar» a la niña.
