E l Gobierno vasco, por medio de su vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia, corrigió ayer de forma apreciable su cuadro macroeconómico ante la evidencia de una dura realidad que ha desterrado las optimistas previsiones con que se aprobaron los Presupuestos el pasado mes de diciembre. Un reajuste obligado por la crudeza de los indicadores que hablan de un aumento del desempleo hasta cifras desconocidas desde hace años -más de cien mil parados- y una acelerada disminución de la actividad industrial que se ha traducido ya en una preocupante caída de la recaudación de las haciendas forales. La ubicación de la economía vasca al final del ciclo productivo y su menor dependencia del sector inmobiliario y de la construcción explican el desfase temporal respecto al resto de España, pero no evitan los embates de una crisis de carácter mundial. Y si bien es cierto que Euskadi está mejor preparada que la media española para aguantar su impacto, también lo es que su vocación exportadora y su dependencia de los mercados internacionales ha terminado por afectarla gravemente.

El ajuste de los datos, realizado a presupuesto aprobado, abunda en la dificultad que tienen los gobiernos para digerir las derivas económicas y afrontar las consecuencias políticas de los malos resultados. Tanto el Ejecutivo vasco como el español han abusado de esta táctica contemporizadora. En ambos casos, el factor electoral -comicios generales en España y autonómicos en Euskadi- ha tenido efectos retardantes, hasta convertir el manejo de los indicadores y las estadísticas en un instrumento de acción política. Una interesada ausencia de realismo que se ha traducido en tardanza a la hora de asumir la gravedad de la situación, retraso en la adopción de medidas y prisas e improvisación en la solución de los problemas sobrevenidos. Es cierto que la virulencia de la crisis, su componente financiero y su amplitud mundial limitan la capacidad de acción e influencia de las administraciones. Pero aportar liquidez al sistema, favorecer la actividad empresarial y estimular la demanda son iniciativas tan lógicas como inevitables que no tenían por qué haberse retrasado, en una coyuntura donde el empleo es una prioridad y la protección social, una obligación. El Gobierno de Ibarretxe, que en todo el recorrido de la crisis ha seguido el periplo del Ejecutivo de Rodríguez Zapatero, tiene un buen escaparate donde apreciar los efectos devastadores de aplazar lo inevitable. Y sería exigible que ante los retos socioeconómicos inminentes -la resolución de los EREs no es uno menor- se guiara, sin descuidar iniciativas paliativas, por criterios sólidos y de futuro, libres de la contaminación electoral. Un compromiso que es extensible a las demás formaciones políticas.