4 de 200 han apoyado la huelga
De los 200 miembros de la judicatura destinados en el País Vasco, sólo cuatro han apoyado públicamente la huelga
El ministro Bermejo, junto a la dirigente socialista Leire Pajín, aseguró que la huelga sería «una traición a los ciudadanos. / EFE
El llamamiento a la huelga de jueces que ha desencadenado la sanción contra Rafael Tirado, el magistrado del 'caso Mari Luz', está encontrando en el País Vasco un eco menor que en otras comunidades, según reconocen las fuentes consultadas por EL CORREO. Mientras el malestar contra el Gobierno es creciente en los juzgados de todo el arco mediterráneo, y en los que están situados en los extrarradios de Madrid y Barcelona, todos ellos saturados de trabajo, la situación de Euskadi es diferente, puesto que sus órganos judiciales no sufren una situación tan acuciante y están dotados con más equipos informáticos y recursos técnicos. Así lo reconoció ayer un juez de Vitoria que ha apoyado el paro a través del correo electrónico interno de la judicatura y que prefiere mantener el anonimato. «En cuanto a medios estamos mejor que en otras comunidades», admitió.
De los 250 jueces que se han manifestado a favor de la huelga en España, sólo cuatro ejercen en Euskadi: tres en Bilbao y uno en la capital alavesa. Constituyen una fracción muy pequeña de la plantilla vasca, un colectivo que ronda los 200 miembros y que hasta ahora se ha movilizado esencialmente por motivos de «solidaridad» con sus compañeros del resto de España (4.000 en total). Un ejemplo de esa relativa moderación, en comparación con la irritación palpable en otras zonas, es que cuando se celebraron juntas de jueces por segunda vez a nivel nacional, el pasado 21 de noviembre, ni siquiera llegó a convocarse el acto de la capital vizcaína; y en Barakaldo se suspendió porque no se alcanzó el 'quorum' requerido.
Ahora mismo, según medios judiciales, es díficil saber cómo evolucionarán las protestas en Euskadi antes del 21 de enero, fecha en la que están previstas nuevas juntas de jueces en las tres capitales vascas y otra más de magistrados en Bilbao. No obstante, las mismas fuentes advierten de que la relativa «frialdad» que se ha percibido hasta ahora en la comunidad autónoma podría cambiar a raíz de la tabla reivindicativa pactada el pasado lunes por Jueces para la Democracia, la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la Asociación Francisco de Vitoria y el Foro Judicial Independiente.
Los cuatro grupos, que representan al 50% de la judicatura española, se pusieron de acuerdo sobre las reformas que quieren plantear al Ministerio de Justicia y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ); y al mismo tiempo elaboraron un calendario de movilizaciones que incluye una protesta simbólica el próximo 18 de febrero, justo el día en que los jueces de Murcia y Extremadura habían convocado una huelga. Ahora, tal posibilidad se ha aplazado hasta el 26 de junio, pero sólo si entonces no se han resuelto las demandas más urgentes.
Según las fuentes consultadas, la existencia de una lista concreta de reivindicaciones podría movilizar a jueces que hasta ahora discrepaban de la fórmula «asamblearia» en que se ha expresado el malestar del colectivo, un procedimiento basado en el principio de «órdago y huelga». Esa forma de reaccionar ha alarmado a muchos miembros de la judicatura que están igual de cansados por la falta de medios en los juzgados, pero prefieren dar tiempo para iniciar las reformas.
Medida «populachera»
Precisamente, el Poder Judicial y el Ministerio de Justicia responderán el lunes a las propuestas de los colectivos profesionales. No obstante, el presidente Zapatero les recordó ayer que «podían haberlo pensado mejor» antes de plantear la huelga, una medida rechazada por el PP, a pesar de que también comparte las demandas del sector. El ministro Mariano Bermejo fue más duro. Adelantó que no habrá más subidas salariales en plena crisis y aseguró que un paro sería «una traición al mandato de los ciudadanos», por lo que pidió al Poder Judicial que siente un criterio jurídico.
Las replicas a Bermejo no se hicieron esperar. El portavoz de la APM, Antonio García, acusó a Bermejo de comportarse de forma «populachera» y de presentar a los jueces «como los malos de la película». Y la portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, recordó al ministro que determinar si un juez puede ir o no a la huelga corresponde al legislador.
Por su parte, el juez decano de Badajoz, Emilio García Cancho, aseguró que lo que constituye una «traición para los ciudadanos» es la proporción de jueces: 4.400 para una población de 46 millones. Ese 'ratio' sitúa a España en el puesto 36 de una lista de 42 países analizados por la Comisión Europea para la Eficacia de la Justicia, por detrás de Portugal, Rumanía y Moldavia.
