quieren impedir que sea reelegido en el TSJPV
La fiscal superior saluda al abogado del PSE en presencia de Ibarretxe al finalizar el juicio el lunes. / EFE
El juicio contra Juan José Ibarretxe y Patxi López tiene un culpable: el presidente del Tribunal Superior de Justicia, Fernando Ruiz Piñeiro. Así salieron ayer a decirlo en tromba tres de los máximos representantes del Gobierno vasco, del PNV y de EB. Un día después de que la Sala que se encargaba de la causa -en la que, además del lehendakari y el líder de la oposición, estaban imputados cinco miembros de Batasuna con Arnaldo Otegi a la cabeza- decidiera su archivo, la portavoz del Ejecutivo, Miren Azkarate, el líder del EBB, Iñigo Urkullu, y el coordinador general de Ezker Batua y consejero de Vivienda, Javier Madrazo, coincidieron en un mismo análisis y en señalar al máximo representante de la cúpula judicial vasca como instigador de este procedimiento penal.
Sus críticas siguieron la estela que había marcado el propio Ibarretxe el lunes cuando, horas después de oír la decisión del tribunal presidido por Manuel Díaz de Rábago, exigió a Ruiz Piñeiro -en una comparecencia pública respaldado por todo su Gabinete- «responsabilidades» por la «crisis» que, en su opinión, «sigue abierta y pendiente» por la causa penal iniciada tras las reuniones con Batasuna durante el alto el fuego de 2006.
El Ejecutivo autónomo y dos de los partidos que lo sustentan iniciaron de esta manera una campaña contra la principal imagen del Poder Judicial en Euskadi, que probablemente tendrá nuevas réplicas en próximos días. Lo hacen, además, en un momento especialmente delicado para el presidente del TSJPV, que en las próximas semanas deberá afrontar el proceso para su reelección en el cargo -su mandato concluye a mediados de febrero-. Son conscientes de que el sobreseimiento durante la segunda sesión del juicio contra Ibarretxe y López -dictado con los votos favorables de los magistrados Juan Carlos Benito-Butrón y Antón Subinas, y el contrario de Manuel Díaz de Rábago- han supuesto un varapalo para el propio Ruiz Piñeiro, que desde la Sala de lo Civil y lo Penal mantuvo el criterio de que el proceso debía derivar en juicio oral porque había «indicios» de delito.
El Gobierno vasco se agarró precisamente a ese comportamiento durante la fase de instrucción para poner en tela de juicio que el magistrado pueda ser reelegido de nuevo para un segundo mandato de cinco años, algo que, por otra parte, se ha permitido en la casi totalidad de las ocasiones en las que un presidente de Audiencia o de Tribunal Superior ha pedido repetir en el puesto.
Azkarate mostró su deseo de que Ruiz Piñeiro quede vetado para ejercer su profesión. Y señaló que el Ejecutivo autónomo no apoyará su reelección «para cualquier órgano implicado con la Justicia» y que, de solicitar cumplir un segundo mandato en el TSJPV, el tripartito reclamará «al Consejo General del Poder Judicial que no lo tomase en cuenta». Un 'veto' que también extendió «a quienes han acompañado a Ruiz Piñeiro en esta magnífica aventura», afirmó en referencia a los jueces Roberto Saiz y Antonio García, que han mantenido el mismo criterio en el 'caso Ibarretxe-López'.
El anuncio de intenciones no tendrá, de momento, mayores consecuencias, puesto que la elección definitiva del próximo presidente dependerá de los 21 integrantes de un CGPJ repartido entre los 18 vocales nombrados a petición de PSOE y PP y los dos recomendados por PNV y CiU. Sí podría tener cierta influencia en el caso de que, como parece, la designación se pospusiera hasta después de las elecciones autonómicas del 1 de marzo y los resultados arrojaran la igualdad entre PSE y PNV que ahora exhiben todas las encuestas. En ciertos sectores políticos se sostiene que una hipotética entente entre socialistas y jeltzales podría escorar la balanza y favorecer a alguno de los otros dos candidatos que, junto a Ruiz Piñeiro, entrarán en la selección final para dirigir el Tribunal Superior.
«Pedir responsabilidades»
Sea como fuere, el Gobierno vasco insitió durante todo el día en buscar el descrédito del actual presidente del órgano judicial. El líder del EBB, Iñigo Urkullu, calificó de «significativo» el varapalo que el magistrado de lo Penal había recibido el lunes de sus compañeros de carrera y advirtió que «corresponde al propio Poder Judicial» pedir las responsabilidades que «pudiera haber» en este caso.
En un tono mucho más beligerante se pronunció el consejero de Vivienda. Javier Madrazo, en una rueda de prensa convocada para hablar de forma expresa del juicio a Ibarretxe y López, acusó a Ruiz Piñeiro de lo peor que se le puede decir a un magistrado en ejercicio, que «no es imparcial, independiente ni objetivo» y que «carece de credibilidad y legitimidad para permanecer en el cargo» al haber «quebrado el principio de separación de poderes». En su opinión, el CGPJ «deberá exigir responsabilidades» por haber apoyado que la instrucción derivara en juicio oral «siendo plenamente conscientes de que no había ninguna razón para ello».
No es la primera vez que el presidente del TSJPV es objeto de descalificaciones por parte del Gobierno vasco. Aunque su llegada al cargo fue recibida con cierta cordialidad -el propio lehendakari acudió a su toma de posesión en el Palacio de Justicia de Bilbao en 2004-, la oposición de Ruiz Piñeiro al primer 'plan Ibarretxe' y su participación en los procesos penales contra Atutxa y el jefe del Ejecutivo autónomo le han acarreado ácidos reproches desde la Lehendakaritza. Algunos consejeros llegaron a acusarle de actuar «contra el nacionalismo siguiendo los dictados del PP».
