de cara a las elecciones del 1 de marzo
Está a falta de conseguir la financiación necesaria y, entre otras medidas, dará incentivos económicos para que los trabajadores hagan cursos de formación
Manifestación de los trabajadores de Cegasa, la pasada semana, en la capital alavesa. / JESÚS ANDRADE
El Gobierno vasco prepara un paquete de medidas con el fin de hacer frente a la masiva aplicación de expedientes de regulación de empleo (EREs) por parte de las empresas, una circunstancia que amenaza con complicarle la campaña para las elecciones del 1 de marzo, ya que la aprobación de muchos de ellos es de su exclusiva competencia. Según ha podido saber este diario, el plan ya ha sido diseñado, pero está pendiente de conseguir el presupuesto necesario para aplicar todas las actuaciones previstas.
El consejero de Empleo y Seguridad Social, Joseba Azkarraga (EA), anunció el pasado 10 de noviembre en el Parlamento un proyecto para intervenir ante el alza del paro y el fuerte crecimiento de los ajustes laborales en compañías afectadas por la crisis. Ha puesto en marcha ya las denominadas 'antenas de empleo' -se activan al detectarse despidos colectivos- para reciclar a los trabajadores damnificados e intentar recolocarlos. En el caso de la suspensión temporal de contratos, baraja incentivar, por medio de una compensación económica, la participación de los afectados en cursos de reciclaje, aunque está por definir la fórmula.
Fuentes próximas al Gobierno vasco subrayaron que en este plan se considera muy importante la participación de los agentes sociales -a los que hace semanas se les pidió que aportaran sus ideas- y el diseño de una estrategia conjunta entre el Departamento de Empleo y las empresas afectadas. Con esta medida, el Ejecutivo quiere aprovechar el tiempo obligado de descanso de los trabajadores para mejorar sus conocimientos técnicos, lo que a su juicio redundará en una mayor cualificación, una mejora de la productividad y, llegado el caso, una más fácil recolocación si finalmente pierden su empleo.
Este programa es una de las cinco 'patas' sobre las que el tripartito pretende basar su reacción frente al rápido deterioro de la actividad económica en Euskadi, que le ha explotado en puertas de los comicios. La fijación de la fecha del 1 de marzo, la más temprana posible dentro de las previstas, tendría el objetivo de que los previsibles malos datos del paro -en diciembre ya había más de 100.000 desempleados y la previsión es que lo peor está por llegar- y de regulación de empleo le salpiquen lo menos posible a lo largo de la campaña, la más abierta de la historia al hilo de las encuestas, que pronostican un empate técnico entre Juan José Ibarretxe y el socialista Patxi López.
Esas cinco líneas de actuación son la inversión en I+D+i, medidas fiscales de apoyo a las empresas -que no cuentan con el visto bueno de los sindicatos-, ayudas a la liquidez -ya puestas en marcha, con 500 millones para préstamos a 'pymes' y cien millones para avales-, la inversión en obras públicas y la actuación sobre el capital humano de las empresas; en este capítulo se integra el plan que ultima Trabajo.
Azkarraga y el conjunto del Gobierno vasco están muy preocupados por la influencia que las movilizaciones de los trabajadores puedan tener en el proceso electoral. Es a la autoridad laboral -la dirección de Trabajo, integrada en la consejería- a quien corresponde la aprobación de los EREs y, si éstos llegan sin el acuerdo sindical, las protestas pueden reventar muchos actos de campaña.
Hay casos en los que la resolución no es de su competencia, como Michelin, Torraspapel o Bridgestone, responsabilidad del Ministerio de Trabajo al haber presentado expedientes en fábricas ubicadas en más de una comunidad.
Prueba del calvario en el que pueden convertirse las semanas previas al 1 de marzo para los tres partidos que componen el Gobierno vasco -PNV, EA y EB- es lo que está pasando ya en la firma vitoriana Cegasa, que ha solicitado la rescisión de 240 de sus 360 empleos. La falta de acuerdo entre el comité y la empresa se ha convertido en una 'patata caliente' para el Departamento de Empleo, que deberá pronunciarse en breve sobre los despidos. Entretanto, las protestas de los trabajadores son continuas y apuntan directamente al consejero Azkarraga y al lehendakari tras un expediente presentado por una compañía cuyo propietario mantiene estrechos lazos con el nacionalismo.
