El Tribunal Supremo cree que puede resolver «antes del verano» la 'patata caliente' que les envía el Superior vasco tras sobreseer la causa contra Juan José Ibarretxe y Patxi López. «No vamos tan mal con los asuntos pendientes», señalaron varias fuentes de ese órgano judicial nada más conocer la resolución. Rechazaban así las declaraciones que Foro Ermua y Dignidad y Justicia habían realizado a las puertas del TSJPV. Ambas acusaciones populares sostuvieron que el alto tribunal madrileño no analizaría la cuestión en, al menos, «año y medio».
Una posibilidad que descartan en el Supremo. «Siendo muy optimistas podría resolverse antes de Semana Santa -este año cae en abril-, pero lo lógico es que esté listo antes del verano, si no hay nada raro», explicaban desde diferentes sectores judiciales de ese órgano. Según los cálculos que se barajan, el proceso al lehendakari y el líder de la oposición vasca debe permanecer alrededor de dos semanas más en el Tribunal Superior mientras se resuelven cuestiones procedimentales de los recursos de casación que ya han anunciado que van a presentar las dos asociaciones que ejercen la acción popular en este caso.
El mecanismo a aplicar queda recogido en los artículos del 855 al 861 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. La causa podría llegar al Supremo el próximo mes de febrero, en plena campaña electoral. Su análisis deberá esperar, no obstante, varios meses hasta que se dé salida a los procesos pendientes en la Sala Segunda de ese alto tribunal.
Huelga judicial
Varios factores pueden alterar ese calendario. El primero, la jornada de paro y las movilizaciones convocadas por los jueces de todo el país para el próximo mes en protesta por el 'caso Tirado' y por la falta de recursos en los juzgados para ejecutar sentencias. Una huelga, la que llevaron a cabo los funcionarios judiciales en 2008, retrasó en cuatro meses la publicación completa de la condena al ex presidente del Parlamento vasco Juan María Atutxa.
El segundo aspecto que puede incidir en la toma de decisiones del Supremo depende de una cuestión más procedimental. Los propios magistrados dudan de que el asunto deba ser abordado por el pleno de la Sala -compuesto por 14 vocales- o por una sala de cinco jueces. No es una cuestión menor si se tiene en cuenta que en los casos Botín y Atutxa fue el pleno el que resolvió con unos resultados muy ajustados y una división interna clara a la hora de pedir la absolución o la condena de los imputados.
Es la referencia a estos dos procesos anteriores la que lleva a un sector del Supremo a considerar que debe ser una sala, y no el pleno, la que aborde el proceso contra Ibarretxe y López. «La doctrina ya la marcó el tribunal con la sentencia de Atutxa por lo que no haría falta reunir a todos los magistrados; bastaría con aquellos a los que les tocara por turno», explicaba ayer un juez. Quienes abogan por que sean todos los miembros de lo penal los que se pronuncien recuerdan que, en su opinión, el Supremo emitió doctrinas «contradictorias» respecto a los casos de Botín y Atutxa, por lo que entienden necesario que «todos» vuelvan a reunirse «para sentar la doctrina definitiva».
Juego de mayorías
Nadie en la sede del Supremo se atreve a hacer pronósticos acerca de si este tribunal devolverá la causa al Superior vasco -como sucedió con el ex presidente del Parlamento- o ratificará la decisión de los jueces Juan Carlos Benito-Butrón y Antón Subinas. De hecho, por lo testado ayer por EL CORREO, el 'caso Ibarretxe-López' desatará en Madrid las mismas tensiones que en el Palacio de Justicia de Bilbao. «Nosotros solos nos hemos metido en el charco y es lógico que ahora nos toque a nosotros solos salir de él», describía un experto jurista.
El juego de mayorías y minorías entre los diferentes sectores de la carrera -divididos entre conservadores, progresistas y moderados- puede verse alterado en las próximas semanas. El Consejo General del Poder Judicial tiene sobre la mesa los expedientes para cubrir las plazas vacantes de dos magistrados de lo Penal en el Supremo. Se trataría de los huecos abiertos tras las jubilaciones de Enrique Bacigalupo -considerado de los progresistas- y Joaquín Delgado -enmarcado entre los moderados-. Las vacantes, si el procedimiento sigue su curso, podrían cubrirse justo antes del verano, cuando el alto tribunal deba analizar la causa que les manda el Superior vasco.
Unos y otros coinciden en que la resolución que se adopte entonces generará la misma división que con Botín y Atutxa. «Lo bueno sería que hubiera un fallo apoyado por una mayoría considerable y no tan limitada como en los dos anteriores. Sería algo muy bueno para la institución», reconocían desde la 'casa'.