JUICIO POR LAS CONVERSACIONES CON BATASUNA
La resolución coloca en una situación complicada al presidente del TSJPV cuando debe gestionar su reelección
Ruiz Piñeiro, en una imagen de octubre. / I. PÉREZ
«Estas cosas se asumen como normales dentro de la carrera. Entra dentro de lo posible que tú tengas un criterio y alguien después te lo invalide. Todavía falta el Supremo por hablar». La opinión, de un magistrado en ejercicio, alude a la posición en la que el fallo emitido ayer deja al presidente del Tribunal Superior, Fernando Ruiz Piñeiro, y a sus compañeros de sala Antonio García y Roberto Saiz. Los tres han defendido desde 2006 el criterio contrario al que ayer escenificó, sin unanimidad, el tribunal enjuiciador. En su opinión, difundida en numerosos autos en estos tres años, la personación de la acusación popular basta para llevar una causa penal a juicio y sentar a los acusados en el banquillo.
«Entra dentro del juego», repetía otro jurista sobre la infinidad de ocasiones en las que un magistrado ha visto cómo otro compañero de carrera le daba la vuelta, como a un calcetín, a los argumentos expresados en sentencias anteriores. Así le ocurrió a Nekane Bolado durante toda la etapa de instrucción -la magistrada del Superior acompañó de votos particulares discrepantes todas las resoluciones de esa fase- y así les puede ocurrir a Juan Carlos Benito-Butrón y Antón Subinas si el Supremo devolviera el proceso al Palacio de Justicia de Bilbao y ordenara, dentro de unos meses, que el juicio se celebrara «hasta el final».
Lo habitual dentro del «juego» judicial cobra, sin embargo, un cariz especial en uno de los protagonistas del procedimiento penal abierto contra el lehendakari y el líder de la oposición: el de la máxima autoridad de la carrera judicial en Euskadi. Fernando Ruiz Piñeiro, que preside el TSJPV desde 2004, debe gestionar en las próximas semanas el proceso para su reelección. Él, padre de cinco hijas y miembro de la Asociación Profesional de la Magistratura, calificada como conservadora dentro de la judicatura, no ha deshojado la margarita de si pedirá o no repetir en el cargo, aunque en una entrevista a EL CORREO, en octubre, reconocía que todos los presidentes de tribunales superiores han repetido, «por costumbre», un mandato más.
En ese proceso de designación, la decisión que ayer sorprendió a todos y cerró, de momento, el juicio a Ibarretxe, los socialistas López y Ares, y cinco miembros de Batasuna le deja en una situación complicada. El propio lehendakari quiso hacer ayer expresa mella en esa herida cuando aludió a Ruiz Piñeiro -sin citar su nombre- como uno de los impulsores de la causa -abierta en origen por PP y Foro Ermua- y de la «crisis que aún persiste» entre el Gobierno vasco y el Poder Judicial en Euskadi, cuyo mayor exponente tuvo en las manifestaciones convocadas a las puertas del Palacio de Justicia durante las declaraciones de Ibarretxe ante el juez instructor.
Tres candidatos
El actual presidente del Superior vasco tendrá en las próximas semanas que gestionar los apoyos necesarios para repetir en el cargo y la causa no es sencilla. «Se esperan cuchilladas», describía ayer una fuente del TSJPV. En la carerra por el sillón que Ruiz Piñeiro ocupa desde hace cinco años, sólo hay, de momento, un candidato definido aunque él también lo niega en público: todos en la carrera dan casi por seguro que Jaime Tapia, de la progresista JpD, presentará su candidatura. La terna de aspirantes quedaría, según algunas fuentes, completada con una tercera opción del sector moderado y que pudiera ser vista con buenos ojos por unos y otros.
Y en esta elección, que no se descarta que quede relegada hasta después de las elecciones autonómicas del 1 de marzo, será el Consejo General del Poder Judicial el que tenga la última palabra. Un CGPJ partido en dos entre los representantes conservadores y progresistas -nueve cada uno- y que ha situado en el fiel de la balanza a sendos vocales nombrados a petición de PNV y CiU, además de al presidente de la institución, Carlos Dívar, elegido para el puesto por el propio José Luis Rodríguez Zapatero.
Nada que ver con el reparto de puestos que había en 2004, cuando los vocales designados por el PP tenían mayoría. Quien quiera gobernar el Superior vasco necesitará alcanzar los trece votos en el Consejo General. Quienes conocen la 'casa' por dentro creen que los miembros del CGPJ adscritos a la APM apoyarán a Ruiz Piñeiro, compañero de asociación. Más dificultades planteará obtener el respaldo de los restantes.
En este punto, algunas fuentes colocan a Margarita Uria, vocal designada a petición del PNV y con una larga trayectoria en el partido jeltzale, como una «pieza clave» en el proceso de elección. Ella y el resultado que salga de las urnas el 1 de marzo pueden desnivelar la balanza. Hasta el momento, el Consejo General ha repartido, casi de forma salomónica las presidencias de tribunales y salas entre todas las sensibilidades judiciales, sin conceder mayor presencia a ninguna de sus asociaciones. Habrá que esperar.
