Los servicios de recaudación eran vulnerables, estaban plagados de agujeros y muchas decisiones que tomaron los altos de cargos de la Hacienda foral guipuzcoana entre 1991 y 2003 favorecieron que nada cambiara. Todo ello permitió un fraude de más de 8,1 millones de euros, cuyo presunto cerebro fue el jefe de la oficina tributaria de Irún José María Bravo, hermano del director de Hacienda y hoy ex senador del PNV, Víctor. Es la conclusión que se desprende del informe de 51 páginas redactado por la comisión de las Juntas Generales, al que ha tenido acceso este periódico.

El documento, que atribuye mala gestión y falta de control a siete ex altos cargos del PNV -un diputado general, dos titulares de Hacienda y cuatro directores-, se votará en un pleno que la Cámara de Guipúzcoa celebra este jueves. De forma simultánea a la investigación política, un juzgado de Irún estudia el supuesto delito, por el que están imputadas cinco personas a las que se acusa de apropiarse de 1,8 millones: José María Bravo, su esposa, una empleada de la oficina de Irún, un socio de Bravo y un decorador.

FALLOS EN LA ORGANIZACIÓN

La recaudación, dejada de la mano de Dios

Para entender el escenario del presunto fraude, la comisión describe la dramática situación en que se encontraban los servicios de recaudación. Hasta 2000, la recaudación por vía de apremio era la hermana pobre de la gestión fiscal. Sólo cuatro años antes, los procedimientos se instruían todavía a mano, sin ninguna aplicación informática. El Servicio de Recaudación no estaba dotado con medios materiales ni personales suficientes. Pero hay más: el personal carecía de especial cualificación para el desempeño de sus funciones. Según la comisión, este área «estaba descuidada, sin control y con evidentes carencias organizativas, y ello ha podido contribuir a facilitar la comisión de irregularidades».

REFORMA EN 2000

Estructura «a la medida»

El diputado foral de Hacienda en 2000, Antton Market, aprueba en septiembre una orden foral sobre distribución de competencias entre los órganos de la Subdirección General de Recaudación y Oficinas Tributarias, por la cual las oficinas de Eibar y Azpeitia y la agencia ejecutiva de Irún asumen la gestión recaudatoria extraordinaria en vía de apremio sobre deudores insolventes. El responsable era el jefe de la oficina de Eibar, pero por diferentes motivos asume muchas de sus funciones la de Irún, dirigida por José María Bravo. Así, se constata que en la localidad fronteriza se han dado de baja por insolvencia hasta 50 expedientes. Según la Fiscalía, José María Bravo cobraba a contribuyentes morosos una parte de su deuda que luego no era ingresada en Hacienda. «Ha quedado acreditado que no existían ni criterios claros ni un control sobre las insolvencias». La comisión deja claro además que «las funciones asignadas a Irún son hechas a medida para Txema Bravo. Siendo al parecer especialista en derivaciones, a su agencia se le asigna la gestión de las derivaciones de los fallidos. Esta asignación de tareas nos lleva a deducir que el decreto de estructura del 2000 conlleva la confirmación de la continuidad y la consolidación en el puesto de Txema Bravo».

LA EXTRAÑA EXCEPCIÓN

Continuidad de Bravo en Irún

Cuando se reestructuraron los partidos judiciales, la agencia ejecutiva de Irún se tendría que haber convertido en oficina tributaria. Si esto hubiera ocurrido así, José María Bravo no habría podido continuar al frente de la misma. De hecho, ni siquiera tenía oficialmente acreditada la titulación precisa para ocupar su puesto en la agencia.

'ERROR' ADMINISTRATIVO

Pagos prohibidos en metálico

Muchos de los pagos que supuestamente recibió José María Bravo de los morosos eran en metálico, a pesar de que en el año 2000 se dictó una instrucción por la que se suprimen las cajas en las oficinas tributarias y no se admite tal modalidad de pago. Sin embargo, al no publicarse esa instrucción en el Boletín Oficial del territorio histórico de Guipúzcoa, la misma carece de valor normativo.

CONTROLES DEBILITADOS

Zona oscura por error u omisión

La comisión entiende que «las prácticas irregulares que se produjeron en el funcionamiento de los órganos de la Subdirección de Recaudación facilitaron la creación de una zona oscura en la que por error u omisión los sistemas de control estaban muy debilitados».

FALTA DE VIGILANCIA

Víctor Bravo, responsable político

«Consideramos al entonces director general de Hacienda (Víctor Bravo) responsable político directo de las descritas irregularidades, por no haber ejercido de forma adecuada el control de la gestión de los tributos».

NUEVA ORIENTACIÓN

El examen previo se debilita

Hasta 2005, fecha en que se realiza el informe de auditoría de bajas por insolvencia que destapó el fraude, «no se llevó a cabo un control riguroso previo, pero tampoco a posteriori, de deudas dadas de baja por insolvencia». A partir de 2000 se da una nueva orientación al Servicio de Intervención para potenciar el control posterior (auditoría) en perjuicio del previo (interventor). El control posterior tampoco mejoró, a juicio de la comisión.

DESIDIA POLÍTICA

Vacío normativo en el área de control

«Ha existido una desidia en el ejercicio de la función de desarrollo reglamentario que correspondía impulsar al Departamento de Hacienda», indica el dictamen final. «Se ha podido funcionar en base a circulares o instrucciones, emitidas a criterio de los responsables políticos, sin registro de las mismas», añade.

DISCREPANCIAS INTERNAS

Injerencia «acreditada»

«Los Servicios de Gestión y Recaudación no han aceptado nunca la función de control. Las tensiones fueron creciendo, sobre todo teniendo en cuenta que el director general de Hacienda (Víctor Bravo) en aquella época no parece que hiciera esfuerzos por que los funcionarios a su servicio lo entendieran». De hecho, en varias reuniones Bravo manifestó que había realizado reiteradas solicitudes al diputado del departamento para suprimir la función y que éstas no habían sido atendidas. Finalmente, sus peticiones se cumplieron. En consecuencia, la comisión concluye que la intervención de Bravo en el debilitamiento de la función interventora «resulta suficientemente acreditada, así como su injerencia en asuntos que excedían a su dirección general».

OCULTAMIENTO

La auditoría de 2005 «no debió archivarse»

Una auditoría sobre bajas por insolvencia de varios expedientes destapó el fraude en 2005, pero fue archivada. Según la comisión, el informe «no debió archivarse. Teniendo en cuenta que todo conducía hacia la agencia tributaria de Irún, se debió profundizar inmediatamente en las irregularidades. Se debió dar audiencia a la oficina de Irún. Asimismo, se tenía que haber remitido el informe al Tribunal Vasco de Cuentas». La Diputación puso la auditoría en manos de la Fiscalía nueve meses después de archivarla, a raíz de la denuncia de unos contribuyentes cuyos expedientes estaban incluidos en el informe y que afirmaron haber pagado a José María Bravo determinadas cantidades para saldar deudas que ellos consideran cerradas. Para las Juntas, «resulta evidente que el entonces director general de Hacienda -Iñaki Rica-, autor del escrito de alegaciones que dio lugar al archivo del informe de auditoría, es el responsable político de un archivo que nunca debió haberse realizado». La comisión también responsabiliza políticamente de eso al ex director de Finanzas Asier Esnal, así como al anterior diputado de Fiscalidad, Juan José Mujika.