JUICIO POR LAS CONVERSACIONES CON BATASUNA
13.01.09 - 08:02 -
«Acordamos el sobreseimiento de la causa». La frase, en boca de Manuel Díaz de Rábago, presidente del tribunal que juzgaba hasta ayer al lehendakari y al principal líder de la oposición vasca por sus reuniones con Batasuna en 2006, atronó en el Palacio de Justicia de Bilbao y sorprendió a los dos centenares de personas -entre periodistas y público- que seguían en directo la vista oral pocos minutos después de las nueve y media de la mañana de ayer. La sala enjuiciadora anunciaba de esa forma su decisión de dar carpetazo, con una expresión corta, luego razonada, a casi tres años de investigaciones y de proceso penal en el Tribunal Superior vasco. Tres años en los que este caso ha vertido sal en la herida abierta entre judicatura y Gobierno vasco hasta el punto de desatar fuertes encontronazos públicos entre cúpula judicial y política de Euskadi.
La inesperada decisión obligó al presidente de la sala a repetir hasta en tres ocasiones que el proceso había «finalizado», ante los rostros de incredulidad que mostraban los abogados de las partes e, incluso, buena parte de los ocho imputados. Desde el jueves, la idea más extendida en la carrera judicial y entre las propias acusaciones y defensas apuntaba a que la terna de magistrados aceptaría la solicitud de Ibarretxe y proseguiría con el juicio «hasta el final».
No fue así. El tribunal rompió todos los pronósticos y asestó, de paso, un importante varapalo a la estrategia del lehendakari, que el jueves pasado había protagonizado la sesión inaugural al ser el único de los acusados que exigió que la vista oral se extendiera durante las dos semanas que se habían previsto inicialmente y se permitiera declarar como testigos a más de medio centenar de personalidades. Los jueces le volvieron a llevar la contraria.
El acuerdo, como todos los anteriores en este largo proceso, no fue tomado por unanimidad. La terna compuesta por Díaz de Rábago, Juan Carlos Benito-Butrón y Antón Subinas evidenció las discrepancias que este caso ha suscitado desde su origen en el Tribunal Superior. El sobreseimiento se decidió por mayoría de dos a uno, lo que motivará, una vez más, un voto discrepante con la postura dominante. A favor del archivo se posicionaron el magistrado Benito-Butrón, de lo Social, y Subinas, de lo Penal.
'Sentencia Botín'
Con el criterio contrario quedó el presidente de la Sala que, pese a su ascendente sobre sus otros dos compañeros por cuestiones de rango, no pudo convencerles en las deliberaciones que mantuvieron el jueves y el viernes. El motivo de la discrepancia no fue otro que el del papel que la acusación popular -la que ejercen terceras partes no afectadas por el delito que se investiga- debe tener en el procedimiento penal, una discusión que el Tribunal Supremo no ha podido solventar en los últimos años a pesar de haberse pronunciado hasta en dos ocasiones consecutivas sobre este tema.
La mayoría de la sala enjuiciadora del Superior vasco entiende que, en el procedimiento contra Ibarretxe y López, debe seguirse el dictado de la sentencia del 'caso Botín', la que archivó una causa contra el presidente del Banco Santander en la que sólo pedía penas de cárcel una asociación de consumidores que ejercía la acción popular. A partir de esa resolución del Supremo, Benito-Butrón y Subinas resuelven que no deben proseguir con el juicio y atender las demandas de sobreseimiento que Fiscalía y defensas de PSE y de izquierda abertzale habían formulado el jueves durante la presentación de las cuestiones previas.
En su opinión, en el proceso contra el lehendakari y el líder de la oposición vasca «no existe acusación legitimada para proseguir» con la vista oral. Rechazan así que la petición de condena realizada por Foro Ermua y Dignidad y Justicia sea suficiente para sostener un procedimiento judicial cuando la Fiscalía reclama el archivo.
En el otro peso de la balanza se colocó Díaz de Rábago, que aseguró estar más de acuerdo con el criterio que el Supremo expresó en el 'caso Atutxa', cuya sentencia se dictó semanas después de la de Botín. Los magistrados del alto tribunal madrileño concluyeron que la acusación popular sí tiene validez cuando en el proceso no hay afectado directo por el delito y la Fiscalía pide la absolución.
El resultado de la votación, cuyos fundamentos jurídicos se darán a conocer «casi con toda seguridad esta semana» en palabras del presidente de la sala, dibujó ayer en el Tribunal Superior un escenario diametralmente opuesto al que la Sala de lo Penal ha reflejado desde la apertura del procedimiento hace tres años. Durante la fase de instrucción, el juez Roberto Saiz recibió el apoyo de sus compañeros Fernando Ruiz Piñeiro y Antonio García para proseguir con las investigaciones y dictar orden de apertura del juicio oral al considerar que había «indicios de delito». Incluso rechazaron en varias ocasiones las reiteradas peticiones de archivo cursadas por defensas y Fiscalía ya que, en su opinión, el papel de la acusación popular y si bastaba para proseguir con el juicio debía analizarlo el tribunal que quedara conformado tras las sucesivas recusaciones. Así lo expresaron en un auto de 18 de enero de 2008.
Visiones contrapuestas
Entonces, como en toda la fase preliminar, la discrepante era Nekane Bolado, también de lo Penal, que desde el principio abogó por el sobreseimiento, como finalmente han decidido los magistrados Benito-Butrón y Subinas. El acuerdo hecho público ayer supone, de alguna manera, una desautorización a la postura mantenida por quienes hasta este momento abogaban por continuar adelante con el proceso
Además, traslada una auténtica 'patata caliente' al órgano judicial inmediatamente superior. El Tribunal Supremo deberá analizar la causa en los próximos meses -se espera que sus integrantes puedan hacerlo antes del verano- y retomar las deliberaciones que ya tuvieron con los casos Botín y Atutxa. La discusión de ambos casos se saldó con sonoras fracturas en el criterio de los magistrados que no consiguieron emitir un dictamen unánime en ninguna de las dos ocasiones.
En ciertos sectores judiciales se interpretó ayer la decisión de sobreseer la causa contra Ibarretxe y Patxi López con un símil futbolístico: el del jugador que suelta un patadón al balón para despejar el «peligro» y quitarse en balón de encima. «Trasladan el problema al Supremo para que decidan qué hay que hacer y les digan si tienen que celebrar el juicio dentro de unos meses», explicaba un magistrado de larga trayectoria.
