GENERAL
Redes mafiosas controlan buena parte de estos enlaces, en los
que se llega a pagar 15.000 euros para lograr la nacionalidad
11.01.09 -
La Fiscalía prohibió casarse a Antonio, de 65 años, y Mónica, de 25, por considerarlo un enlace de conveniencia. / EFE
Se enamoraron y pensaron en casarse. Eso es lo que Antonio Serrano y Mónica, como tantas otras parejas, deseaban hace ya casi siete años, pero los tribunales se lo impidieron en mayo de 2008 ¿El motivo? Ella tenía 25 años y el 65. Ella era nigeriana y él español. La Fiscalía consideró que se encontraba ante un caso evidente de matrimonio 'de conveniencia' e impugnó el enlace que se iba a celebrar en Madrid. Una acusación similar pesó el año pasado sobre el jugador del TAU Cerámica Will McDonald, que fue apartado de la final de la Supercopa cuando un rotativo madrileño le acusó de haberse desposado con una española para lograr el pasaporte y ocupar plaza de comunitario. Algo que ambos negaron tajantemente.
Las bodas llamadas 'de conveniencia', pero también 'matrimonios blancos' o 'de complacencia' son en realidad un fraude de ley en el que dos personas, una española y otra extranjera, matrimonian sin conocerse de nada. De este modo, el inmigrante puede obtener de forma más sencilla la nacionalidad, en el plazo de un año, y el permiso de residencia de manera inmediata. La persona que se ofrece para la boda recibe una sustanciosa cantidad de euros.
Es una práctica común en los países con fuerte inmigración, que en el nuestro no para de crecer. Durante 2008, las fiscalías recurrieron más de un millar de bodas por resultar sospechosas de tratarse de maniobras para obtener la nacionalidad. A su vez, un total de 1.016 parejas presentaron un recurso por la decisión de la Fiscalía de negarles la autorización o inscripción de su matrimonio. De ellos, 577 ya se han desestimado, con lo que esos matrimonios han sido paralizados y prosigue su investigación. Según informa la Dirección General de Registros y Notarias, hay más casos «pero los interesados no presentan recurso», con lo que no se contabilizan.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula que en la actualidad en España hay más de 16.000 inmigrantes casados con un cónyuge español que no conviven con su pareja. «Es una realidad que no para de aumentar», confirma la profesora de la Universidad de Zaragoza e investigadora en temas de extranjeros, Pilar Diago Diago.
Más rigor
En 2007 se celebraron en España 35.185 matrimonios en los que al menos uno de los cónyuges era extranjero. El 43,5% de estos enlaces se celebró entre varones españoles y mujeres extranjeras y un 30% entre mujeres nacionales y hombres foráneos. El resto fue entre los propios extranjeros. Cerca de 650 fueron recurridos y unos 500 paralizados por la Justicia al levantar sospechas de que podían no responder a sentimientos sinceros.
Una instrucción del Gobierno del año 2006 alecciona a los jueces de los registros para endurecer la concesión del certificado. Los funcionarios deben interrogar por separado a los contrayentes para descubrir los posibles fraudes. Es un mecanismo que se activa cuando un miembro de la pareja es extranjero. Son preguntas sobre datos personales y familiares básicos. Por ejemplo, deben conocer el nombre de la calle en la que van a vivir juntos, si recuerdan cómo se conocieron, observar su diferencia de edad y si ambos comprenden la misma lengua. Pero el sistema no es perfecto. «En realidad, los funcionarios no se toman la molestia de contrastar los datos del cuestionario y así se cuelan matrimonios inverosímiles entre parejas que no hablan el mismo idioma o que se llevan cuarenta años de diferencia», discrepa la profesora Diago.
Aunque existen casos de ciudadanos españoles que consienten casarse con un inmigrante por solidaridad con su situación, la mayoría son personas con problemas económicos captadas por redes o que se ofrecen a cambio de dinero. El precio por un 'matrimonio blanco' puede ir desde los 5.000 euros a los 15.000 que cobraba la red desarticulada por la Policía en marzo de 2008 en Navarra. De ese dinero, los que se prestan a la boda reciben unos 4.000 o 5.000 euros; los testigos, en torno a los 300 euros, y el resto va a manos de la organización.
La red se encarga de todo: desde hacer las gestiones necesarias hasta acompañar al futuro 'matrimonio' al juzgado o facilitarles los testigos necesarios para su enlace. También les recuerdan que deben ir bien vestidos a su boda y que los anillos sean de su talla. Como los funcionarios de los registros civiles investigan a las parejas mixtas para comprobar la autenticidad de sus sentimientos, las redes instruyen a los contrayentes dándoles información sobre dónde pasaron unas supuestas vacaciones de Navidad; dónde viven los padres respectivos; cuándo se dieron el primer beso que nunca existió o si su pareja tiene algún tatuaje o cicatriz. Transcurridos uno o dos años les consiguen también el divorcio, por el cual suelen cobrar aparte.
Algunos de estos matrimonios pueden celebrarse incluso sin que una de los contrayentes lo sepa. Las redes a veces usurpan la identidad de un ciudadano español tras obtener su documentación en una pérdida o un robo. Los afectados sólo se enteran cuando meses después reciben una carta de su supuesto 'marido' o 'mujer' extranjero agradeciéndoles el favor hecho para solucionar su situación de irregularidad. La Policía también se ha encontrado personas que se habían 'casado' en España mientras aún residían en sus países de origen: un compatriota había usurpado su identidad en el enlace y después le envió la tarjeta de residencia.
El Consulado de la República Dominicana en Bilbao aconseja a sus ciudadanos que quieren casarse con un español que acrediten que mantenían una relación previa antes del matrimonio mediante correos electrónicos enviados, fotografías juntos o presentando las facturas de teléfono. Incluso les dicen que si chatean en Internet con sus parejas, guarden la conversación y las lleven impresas «en mucha cantidad».
