La defensa del lehendakari dio ayer un giro de 180 grados a la línea que ha mantenido durante los últimos casi tres años de instrucción de la causa abierta por las reuniones que el jefe del Ejecutivo autonómico y el principal líder de la oposición mantuvieron con sendas delegaciones de Batasuna en pleno alto el fuego de ETA en 2006 y exigió que la vista oral iniciada en el Tribunal Superior del País Vasco prosiga «hasta el final», hasta que haya una sentencia que esperan «absolutoria».
El abogado del Gobierno vasco, Mikel Casas, retiró en su primera intervención ante la Sala su planteamiento de cuestiones previas en las que planteaba la nulidad de un proceso sostenido únicamente por la acusación popular de Foro Ermua y Dignidad y Justicia y lo sustituyó por una nueva argumentación: llegados a este punto del proceso penal, cumplida la «pena de banquillo» para Juan José Ibarretxe y Patxi López al ser fotografiados como presuntos delincuentes junto a Arnaldo Otegi y ciudadanos encarcelados -los 'batasunos' Pernando Barrena, Juan Joxe Petrikorena, Olatz Dañobeitia y Rufi Etxeberria-, «sólo» cabe «seguir hacia adelante» y conseguir que el tribunal les dé la razón y les «absuelva».
Fue el gran 'fuego de artificio' de la sesión inaugural del juicio y la única línea argumental que se salió del guión preestablecido, en una estrategia que, en medios judiciales, se calificó de «difícilmente entendible en lo estrictamente jurídico». La defensa de Ibarretxe logró atraer toda la atención de una jornada que, en los demás aspectos jurídicos, trascurrió dentro de lo previsible.
Y sustentó este quiebro con algunos argumentos que entraron de lleno en lo político -el consejero Javier Balza los repetiría horas más tarde en representación del Gobierno vasco ante los periodistas a la entrada del TSJPV-. «El lehendakari hizo lo que tenía que hacer. No hemos hecho nada diferente a otros gobiernos: intentar resolver lo que se entiende como conflicto vasco. Lo que se llama 'tema vasco'», aseguró Casas. El letrado también dio su visión de los verdaderos motivos que, en su opinión, se esconden detrás de este proceso: «los querellantes plantean ante el diálogo, cárcel. Nosotros no. Decimos: frente al diálogo, diálogo. Es la única manera de solucionar las cosas».
Por ello, la defensa del lehendakari entiende que la «única» vía por la que debe transcurrir el procedimiento penal es la de escuchar al medio centenar de testigos citados y que los tres magistrados que llevan el juicio «entren en el fondo de la cuestión». «Porque llevamos más de dos años y seis meses sin que se haya cerrado la causa a pesar de nuestros requerimientos, la pena de banquillo -argumentó- es más que suficiente para que intentemos y demostremos que nos asiste la razón. Queremos que se nos dé la razón y que el tribunal entre en el fondo de la cuestión. Aquí se está enjuiciando el derecho legítimo al diálogo y la paz».
Salto al vacío
Sólo la representación de Ibarretxe exigió seguir adelante, en un gesto que agradecieron en público las acusaciones populares del Foro Ermua y Dignidad y Justicia, que también desean que el juicio prosiga más allá del lunes. El giro en la estrategia no fue, sin embargo, un salto al vacío. Había una lona bajo sus pies. Los abogados de la Lehendakaritza ya eran conscientes de que la Fiscalía y las respectivas representaciones del PSE y de Batasuna pedirían el sobreseimiento de la causa, con unos razonamientos compartidos durante toda la fase de instrucción.
Así lo hicieron tanto la fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, como el letrado de López y Ares, Félix Rojo, y la abogada de la izquierda abertzale, Jone Goirizelaia. Los tres se explayaron a la hora de explicar que una acusación popular no basta para organizar una vista oral -con referencias a los casos Botín y Atutxa- y que el Tribunal Supremo ya ha abordado un caso muy similar como el que llevó la asociación Manos Limpias contra el presidente José Luis Rodríguez Zapatero por autorizar la reunión entre el PSE y Batasuna en un hotel de San Sebastián el 6 de julio de 2006. Los magistrados de lo Penal decidieron entonces sobreseer el procedimiento y reprobaron la actitud de los querellantes por intentar varias desde los juzgados la política antiterrorista, en un comportamiento que calificaron de «fraude constitucional».
Enfrente, las dos acusaciones populares defendieron la legitimidad de su presencia en este juicio y expusieron los motivos que, a su parecer, les habilita para haber sentado en el banquillo a los ocho imputados -Ibarretxe, López y Ares y los cinco miembros de Batasuna-. Recordaron, en este sentido, que la doctrina que debe prevalecer del Supremo es la que se expone en la sentencia condenatoria del 'caso Atutxa'. En ese auto, se sostiene que cuando no hay ningún afectado en primera persona por el presunto delito y la Fiscalía pide el sobreseimiento, sí es posible sostener un juicio sólo con acción popular.
No fueron, sin embargo, estos los únicos apuntes que dejó la primera sesión de la vista oral. La defensa de la izquierda abertzale mostró de alguna manera cuál será su línea a seguir en próximos días. Criticó la dispersión que ha impedido que sus defendidos encarcelados hayan estados recluidos durante el último mes en centros penitenciarios «cercanos» al tribunal y fue contundente al rechazar que sus clientes se hubieran reunido con Ibarretxe y López como miembros de Batasuna. «Hablan de que soy la defensa de Batasuna, pero no sé por qué. Yo represento a unos ciudadanos vinculados con la izquierda abertzale. No otra cosa», dijo en el turno de réplica a las palabras que el abogado del Foro Ermua, Fernando García-Capelo había utilizado anteriormente.
Escuchadas las partes, el tribunal enjuiciador presidido por el magistrado de lo Social Manuel Díaz de Rábago suspendió el juicio hasta el lunes a las nueve y media de la mañana. Ayer por la tarde y en la mañana de hoy se reunirá para deliberar junto a sus compañeros de Sala Juan Carlos Benito-Butrón y Antón Subinas, si procede aceptar alguna de las cuestiones previas que han planteado las partes. Si estiman alguna de ellas, el juicio tendrá entonces su punto y final. Si no, proseguirá hasta, al menos, el jueves 22. Lo que quiere Ibarretxe.