Comienza el juicio al lehendakari y el jefe de la oposición
El EBB en pleno solemnizó ayer el respaldo del partido al lehendakari, «fundidos en una sola persona»
08.01.09 -
Los burukides del EBB comparecieron en Sabin Etxea para denunciar el «grave desatino» de procesar al lehendakari. / FERNANDO GÓMEZ
OTRAS REACCIONES
El Euzkadi buru batzar del PNV escenificó ayer con la solemnidad de las grandes ocasiones el pleno respaldo del partido al lehendakari Ibarretxe ante el trance de sentarse, a partir de hoy, en el banquillo de los acusados por reunirse con la izquierda radical. Mientras el PSE despachó el asunto con unas breves declaraciones de Patxi López al término de un acto del partido, los jeltzales quisieron dejar constancia expresa de que, «junto al lehendakari y con él, fundidos en una sola persona, se sentará en el banquillo todo el cuerpo social del PNV». De hecho, para la ejecutiva peneuvista, enjuiciar al presidente vasco supone «imputar a todo el sistema institucional» y provoca no sólo «zozobra y frustración» sino también «sentimientos de humillación en buena parte de la sociedad vasca».
La «declaración política» que la dirección encabezada por Iñigo Urkullu hizo pública ayer tras celebrar una reunión extraordinaria se inscribe en la estrategia que ha adoptado el PNV de cara a la histórica vista oral que arranca hoy en el Palacio de Justicia de Bilbao. Los jeltzales quieren proyectar una imagen de máximo arrope a Ibarretxe pero, al mismo tiempo, evitar tensar la cuerda en exceso, conscientes de que la inminente cita con las urnas aconseja moderación en los gestos. Por eso, el PNV ha hecho un llamamiento mediante circulares internas a todos sus cargos públicos para que acudan esta mañana a las puertas del tribunal pero no lo ha extendido a sus bases para evitar aglomeraciones que puedan provocar incidentes como el que recientemente se saldó con una multa a un militante peneuvista por propinar una patada en los testículos a un miembro del Foro Ermua.
No obstante, según las fuentes consultadas por este periódico, distintos batzokis y juntas municipales se han organizado por su cuenta para acudir hoy a Jardines de Albia, donde se espera una masiva afluencia de público. El propio EBB en pleno saldrá a las ocho y media de la mañana de Sabin Etxea -sólo hay que cruzar la calle para llegar al edificio judicial-, aunque ni Urkullu ni Joseba Egibar podrán acceder a la sala de vistas por su condición de testigos en el juicio. Sí lo harán, en cambio, los consejeros Joseba Azkarraga y Javier Balza que, entre otros, acompañaran a Ibarretxe durante la primera sesión. También han confirmado su asistencia distintos dirigentes de EA -Rafa Larreina-, EB -Javier Madrazo, también citado como testigo, Mikel Arana y Antton Karrera- y Aralar, que enviará a Jon Abril.
Lo que tenía que hacer
Los argumentos esgrimidos por un vehemente Urkullu no ofrecieron novedades significativas. El líder del EBB recalcó que Ibarretxe «hizo lo que tenía que hacer» al recibir a Arnaldo Otegi y otros dirigentes de Batasuna en Ajuria Enea porque, además de no constituir delito alguno, era su «obligación» como máximo representante institucional del país. «La búsqueda de la paz y la normalización política de Euskadi mediante el diálogo político es algo que instituciones y partidos debemos al pueblo vasco», enfatizó.
El texto consensuado en el EBB reveló, eso sí, un exquisito cuidado en las formas, con recurrentes apelaciones al «profundo respeto» que al PNV le merecen las competencias y procedimientos judiciales, las reglas de juego democráticas y la división de poderes. En esa línea, y «sin ningún ánimo de condicional al tribunal», la dirección peneuvista exigió en todo caso que «se extremen al máximo las garantías procesales» y se respete la «dignidad institucional» de «todos» los imputados para evitar que el juicio se convierta en «un espectáculo poco edificante susceptible de ser utilizado en contra de las instituciones vascas y sus legítimos representantes».
Tampoco obvió el PNV su convicción de que el juicio «jamás debería haberse celebrado» por el «grave desatino» que supone enjuiciar «el diálogo político» e «instrumentalizar» la ley para «obstaculizar» la labor de los representantes políticos. «Lo que nunca tuvo que iniciarse, al menos que se desarrolle con equidad, proporcionalidad y con el mínimo coste posible para la honorabilidad de los afectados», recalcó.
