comienza mañana
González Guija aboga por «no criminalizar la vida política» y cree que el tribunal valorará la buena fe de los encausados
El 'caso Ibarretxe' acabará en el Supremo, con independencia de que el Tribunal Superior vasco absuelva o condene a los procesados. Así lo cree el juez decano de Bilbao, Alfonso González Guija, que expresó ayer su convencimiento de que, «se dicte la resolución que se dicte», la sentencia que emitan los tres magistrados que juzgarán a partir de mañana al lehendakari, a los socialistas Patxi López y Rodolfo Ares y a Arnaldo Otegi y otros cuatro dirigentes de la izquierda radical será recurrida por alguna de las partes ante la máxima instancia judicial.
«Espero que el caso se enjuicie de la manera más serena posible y confío plenamente en la imparcialidad del tribunal», manifestó, en declaraciones a 'Radio Euskadi' el decano de los jueces bilbaínos. En vísperas de la histórica vista oral que a partir de mañana sentará en el banquillo a los dos candidatos con más posibilidades de convertirse en lehendakari tras las elecciones de marzo, González Guija consideró que sería «muy sano para la democracia, bueno y deseable» separar la acción de los cargos políticos e institucionales de la labor de los jueces y, en definitiva, «intentar no criminalizar la vida política».
El lehendakari, López y el resto de imputados rinden cuentas ante el tribunal por las conversaciones mantenidas durante la última tregua de ETA. Preguntado por la posibilidad de que la Sala tenga en cuenta a la hora de dictar sentencia los buenos propósitos de los encausados, González Guija se mostró de acuerdo en que el tribunal valorará que el objeto de aquellas reuniones era la «búsqueda de la paz» y que además tanto el jefe del Ejecutivo de Vitoria como los líderes del PSE tenían el convencimiento de no estar cometiendo delito alguno.
De hecho, el juez decano de Bilbao dijo apreciar, «con todo el respeto que me merece el tribunal», cierta «confusión» en la opinión pública a este respecto. González Guija expresó la convicción de que «muchísimos ciudadanos» se preguntan «cómo puede criminalizarse una acción política encaminada a un buen fin». «La respuesta es complicada», opinó el juez, que consideró, no obstante, que quedará clara en el fallo.
González Guija consideró «deseable» que el juicio quede visto para sentencia cuanto antes, para «interferir lo menos posible» en la labor pública del lehendakari y del líder de la oposición. En todo caso, opinó que el tribunal no se precipitará pero tampoco dilatará innecesariamente el fallo y pronosticó que dictará sentencia con la «celeridad» que requiere la trascendencia del caso.
Declaración del EBB
También se pronunció ayer uno de los imputados en la causa, Rodolfo Ares. El portavoz de la ejecutiva socialista avanzó que tanto él como Patxi López acudirán ante el tribunal «con normalidad, como acudiría cualquier ciudadano» y sin someter a los jueces «a ninguna presión ni política ni ciudadana». De hecho, el PSE no tiene previsto hacer llamamiento alguno al partido para que arrope a los dos imputados, que estarán acompañados en la sala de vistas por sus familiares y los líderes socialistas de los tres territorios. El PNV, en cambio, movilizará a una nutrida representación de sus cargos institucionales y presidentes de juntas municipales a las puertas del Palacio de Justicia y hoy el EBB al completo escenificará en Sabin Etxea su cierre de filas con el candidato con una declaración oficial. También Arnaldo Otegi comparecerá a mediodía en San Sebastián para hacer una valoración pública del juicio.
Ares reiteró las líneas principales de la defensa de los líderes del PSE. El dirigente socialista insistió en que López y él explicarán al tribunal su reunión con la izquierda abertzale «desde el convencimiento de que no cometíamos ninguna ilegalidad» y precisarán que el juez Baltasar Garzón dictaminó antes de la cita que no constituía delito alguno. También defenderán, dijo, que aquel encuentro fue «una acción política excepcional para acabar definitivamente con el terrorismo» y que en el transcurso de la reunión trasladaron a los líderes radicales que debían hacer política «alejados del respaldo a la violencia».
