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Economía

ECONOMÍA

Los sectores del PP encabezados por Aguirre y Gallardón se enzarzan en una disputa por el control de la segunda entidad de ahorro española
04.01.09 -

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A la difícil coyuntura que atraviesa el sector financiero, el cuarto grupo español y segunda caja de ahorros del país -Caja Madrid- debe hacer frente a las tensiones internas. Todo, por la dura confrontación entre partidarios y contrarios de que Miguel Blesa, su presidente, desempeñe un tercer mandato. Dos sectores del PP, liderados por la presidenta de la Comunidad, Esperanza Aguirre, y el alcalde de la capital, Alberto Ruiz-Gallardón, plantean su salida y su continuidad, respectivamente.
Blesa, amigo del ex presidente del Gobierno José María Aznar, llegó al cargo hace doce años aupado por el partido conservador. Su gestión ha permitido un fuerte crecimiento del negocio de la caja, y le ha dado una proyección industrial de la que carecía anteriormente. Pero esa estrategia ha chocado con frecuencia con los intereses de la actual presidenta de la Comunidad, y la dirigente popular le está pasando factura.
Caja Madrid tiene hoy 8 millones de clientes, 270.000 millones de volumen de negocio, más de 2.000 sucursales -la mitad de ellas repartidas por toda España- y logró ganar 1.127 millones de euros en los nueve primeros meses de 2008. En su horizonte no escasean los problemas propios del negocio, como la más que segura alza de la morosidad -ya disparada hasta el 4% del crédito-, el descenso de la actividad a consecuencia de la crisis, el impacto del paro entre sus clientes de rentas bajas e inmigrantes, o los procedentes de su participada Iberia, con la aerolínea en trance de fusión con British Airways. Sin olvidar que la entidad de ahorro fue la principal financiadora de Martinsa-Fadesa, promotora en suspensión de pagos.
Cambio legislativo
Para asegurarse una tercera legislatura, Miguel Blesa convocó el pasado octubre el procedimiento de renovación electoral para que el próximo junio cambien 12 de los 20 consejeros de la caja: 3 por la asamblea de Madrid, 2 por las entidades sociales y 7 por las corporaciones locales. Casi de inmediato, la presidenta Esperanza Aguirre promovió de urgencia un profundo cambio en la legislación regional de las cajas que modifica radicalmente el proceso de elecciones en la principal entidad de ahorro madrileña.
Como consecuencia de las modificaciones, el Ayuntamiento de Madrid pierde la mitad de su representación en la asamblea general de la caja -de los actuales 56 miembros pasa a 24, al aplicarse un tope del 30% en el segmento de corporaciones locales-, municipios regidos por fuerzas políticas de izquierda se quedan con una presencia testimonial, y al presidente Blesa se le hace imposible un tercer mandato sin alcanzar un acuerdo previo con Aguirre.
Poca sintonía
El máximo mandatario de la caja de ahorros llegó al cargo como consejero por la Comunidad de Madrid cuando estaba encabezada por Ruiz-Gallardón y fue este mismo líder quien le volvió a presentar para la primera reelección. Pero la dirigente autonómica es ahora Esperanza Aguirre. Y cuestiones como la negativa de Caja Madrid a financiar la compra de los derechos del fútbol a Telemadrid, o la actuación de la entidad financiera después de la OPA sobre Endesa -vendió su participación cuando le convino, con jugosísimas ganancias, sin plegarse a las demandas de seguir en el accionariado para garantizar la sede de la eléctrica en la capital madrileña- han enfriado las relaciones del presidente de la entidad con la cabecilla popular.
Ahora, para continuar en el cargo, Blesa -que ya ha cumplido el periodo máximo de 12 años- necesita que se le aplique una excepción, y que le proponga el mismo sector que en las dos ocasiones precedentes, esto es, la comunidad autónoma. Algo que hoy parece improbable.
Caja Madrid defiende que la reforma legal, aprobada vía enmiendas a la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos de la Comunidad de Madrid, no incide en el proceso electoral ya en curso y el alcalde Ruiz-Gallardón le apoya en esta tesis al asegurar que los cambios no son de aplicación hasta 2015. Por descontado, los afines a Aguirre piensan lo contrario, y la nueva confrontación está servida. El primer edil madrileño ha encargado a los servicios jurídicos que estudien, además, la manera de oponerse más eficazmente a una norma regional que reduce de forma drástica la representación del municipio en la asamblea de la caja de ahorros. Nadie quiere dar su brazo a torcer.
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