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14.12.08 -

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E l 23 de noviembre EL CORREO publicó unas afirmaciones emitidas genéricamente por «trabajadores del hospital de Zamudio», en las que se denunciaban «continuas» agresiones de los pacientes del centro al personal sanitario. Como cualquier trabajador psiquiátrico conoce, las conductas violentas por parte de los pacientes no son infrecuentes, pero hablar en esos términos, al margen de ser una exageración, puede dar una imagen peyorativa de las personas aquejadas de enfermedades mentales graves y aumentar el estigma al que se ven expuestas.
Las conductas agresivas son un fenómeno creciente en el medio sanitario en general. Según estadísticas sindicales, aproximadamente dos de cada diez enfermeros de centros hospitalarios (no necesariamente psiquiátricos) sufren ataques físicos. Refleja la amplitud del problema el hecho de que este mismo año el Defensor del Pueblo de Navarra haya dedicado un informe especial a la violencia en el ámbito de la Administración sanitaria, o que el Consejo de Médicos del País Vasco y la Fiscalía del Tribunal de Justicia de la comunidad suscribieran en 2007 un protocolo conjunto de actuación con las medidas a adoptar en los casos de agresiones a médicos.
Aunque ciertamente no es el único sector sanitario en el que los profesionales se ven expuestos a agresiones de los pacientes, no es raro que los trabajadores psiquiátricos de cualquier estamento sufran, a lo largo de su vida laboral, alguna agresión física. Frente a la realidad de los comportamientos violentos de algunos pacientes, los hospitales establecen protocolos para garantizar la seguridad de los demás enfermos y de los trabajadores, aunque no pueden asegurar al cien por cien que no se produzcan incidentes. Por otra parte, estos protocolos no pueden consagrar medidas innecesariamente defensivas que reduzcan la accesibilidad a los servicios o resulten discriminatorias para algunos grupos de pacientes.
Al margen de otras consideraciones, quizás lo más importante de la noticia y de su titular es que refuerzan un prejuicio muy extendido: la identificación de las personas que padecen enfermedades mentales graves con la agresividad y la violencia. La imagen que se ofrece es terrible: dos bandos, en uno los trabajadores amedrentados, constantemente agredidos sin que nadie les defienda, y en el otro, los pacientes, peligrosos e imprevisibles de los que hay que defenderse. Es la misma imagen que tanto abunda en la sociedad, alimentada por un argumento demagógico, base del estigma que sufren las personas con enfermedades mentales graves: la generalización de una conducta particular a todo el colectivo, lo que conduce a la discriminación.
Las personas con enfermedad mental grave pueden, desde luego, ser agresivas en ocasiones, y serlo de manera imprevisible, en especial si no reciben tratamiento y seguimiento adecuados. Cuando se produce, la violencia, en la inmensa mayoría de las ocasiones, se dirige hacia familiares y allegados, quienes sufren agresiones con mucha mayor frecuencia que los trabajadores sanitarios. Pero la realidad, como confirman sucesivos estudios en los últimos años, es que las personas con enfermedades mentales son más a menudo víctimas que perpetradores de violencia. Y como consecuencia de su enfermedad, pero también de las dificultades para el acceso a una atención adecuada o de su desfavorable imagen social, son también víctimas de la discriminación, el abuso, el riesgo de marginalidad o la precariedad económica.
Las personas con enfermedades mentales graves y sus familias precisan una atención profesional correcta que reduzca el impacto de los síntomas y en su caso minimice el riesgo de conductas agresivas. Aunque todo es mejorable, en las últimas décadas se han producido grandes avances en el tratamiento de los trastornos psiquiátricos y la consideración de las personas afectadas. Los tratados en materia de derechos humanos, cuyos valores están plasmados en la Constitución de 1978, prohíben la discriminación del ciudadano con enfermedad mental, y desde la Ley General de Sanidad de 1986 el paciente psiquiátrico es uno más del sistema sanitario. Se va adquiriendo la conciencia de la necesidad de desarrollar recursos sociosanitarios que potencien la integración social de los pacientes y compensen la discapacidad que entraña su enfermedad, ayudándoles a desarrollar sus potencialidades y a disfrutar de sus derechos. Pero todos los esfuerzos serán baldíos si no se consigue eliminar en la población la visión discriminatoria y estigmatizante de los enfermos. El reto que tenemos los trabajadores es favorecer una mayor aceptación de los pacientes como miembros de la sociedad. Si emitimos informaciones alarmistas y sesgadas, contribuiremos a perpetuar el estigma y la discriminación.
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