La Guardia Civil detuvo el martes en Santander al ex arquitecto municipal de Castro, Pedro Restegui, y su esposa, M. C. C. S., por presuntas irregularidades en el desarrollo urbanístico de La Loma, un área que alberga varias promociones de viviendas. Y es que, al parecer, Restegui habría firmado informes y dictámenes para los que no estaba habilitado. Asimismo, la Policía Judicial registró ayer varios inmuebles propiedad del matrimonio, situados en la capital cántabra, donde hallaron «importantes cantidades de dinero», según informó la Delegación del Gobierno en Cantabria.
La operación se enmarca dentro de una investigación que desarrolla desde marzo el titular del juzgado del instrucción número 2 de la localidad, que ayer decretó el secreto parcial del sumario en este caso. Por su parte, los arrestados declararán hoy por la mañana ante el magistrado. Una vez interrogue a la pareja y revise las pruebas incautadas, el juez decidirá si ordena prisión provisional para los detenidos hasta que se celebre el juicio, o les deja libertad. Será entonces cuando califique el delito por el que, en su caso, serían procesados.
Pedro Restegui desempeñó el puesto de arquitecto municipal, con un contrato de asistencia, durante la última parte del mandato del ex socialista Rufino Díaz Helguera, actual portavoz de Acuerdo por Castro y concejal de Obras y Servicios. El ahora detenido trabajó también durante un año con un contrato interino en la primera legislatura de Fernando Muguruza como primer edil. Finalmente, Restegui abandonó el puesto cuando la plaza se ocupó por oposición en octubre de 2005.
La Loma y Santullán
Su nombre ya saltó a la palestra en mayo, cuando trascendió que el juzgado de instrucción número dos de Castro investigaba al ex arquitecto y a una ingeniera de caminos por la firma de varios expedientes urbanísticos, tarea para la que, al parecer, no estaban habilitados.
Las pesquisas judiciales en Castro arrancaron en marzo. La Guardia Civil requisó en la Gerencia de Urbanismo del Ayuntamiento varios expedientes y proyectos sobre urbanizaciones de La Loma, Santullán y Sámano. Entre ellos, figuraba una promoción de 240 chalés que motivó varias denuncias por parte del alcalde de la junta vecinal de Santullán por «invasión de suelo rústico» y un presunto delito de prevaricación. Asimismo, un juez ya anuló en 2007 la licencia de construcción de otra decena de adosados en el mismo área por invadir suelo protegido y ordenó demoler dos que ya habían sido edificados.