La red de enseñanza concertada de Euskadi celebró ayer una jornada de huelga. La primera en más de diez años. Según los sindicatos, la secundó el 80% de ikastolas y colegios, mientras que los datos del Gobierno vasco cifran el seguimiento en menos de la mitad de los 360 centros y en un 40% de sus 12.000 profesores. Las centrales con mayor representación en ese sector privado -ELA, LAB y STEE-EILAS- se movilizaron por la equiparación salarial y de condiciones laborales de los trabajadores con los de la red pública, que ganan más y tienen menor jornada. Sin embargo, esas reclamaciones son tan sólo la punta del iceberg del movimiento que impulsan las potentes patronales del sistema concertado -la de las ikastolas, Partaide, y la de los centros de iniciativa social, Kristau Eskola-, que mantienen un pulso con Educación para lograr la financiación completa.
Las reivindicaciones de los profesores son claras. Exigen tener igual sueldo y horas de trabajo que los docentes de escuelas e institutos públicos. En la actualidad, ganan un 95% de la nómina de sus colegas vinculados al Gobierno vasco. Y, según los datos que maneja Partaide, tienen un 10% más de horas lectivas -de clases directas a alumnos- y un 40% más de dedicación al centro; el tiempo de presencia en el que hacen labores de gestión, planificación, reuniones, tutorías, entre otras muchas.
Kristau Eskola y Partaide, que acogen en sus aulas a 160.000 alumnos -algo más de la mitad de los estudiantes vascos-, aseguran que no pueden hacer frente a las peticiones de sus empleados con la financiación que reciben del Ejecutivo autónomo. Educación les ha subvencionado este año con algo más de 500 millones de euros. Según los cálculos de este colectivo, con ese dinero se cubre el 80% de los gastos reales de los centros. Las patronales calculan que necesitarían 20 millones más sólo para pagar la subida de los profesores.
Pero su reivindicación va más allá de una mejora del sueldo para los docentes. Consideran que si el Gobierno vasco les exige igual servicio que a la escuela pública deben contar con «la misma financiación», explica Imanol Igeregi, portavoz de las ikastolas. Piden, por tanto, la financiación plena. Además del pago de los sueldos, solicitan los mismos ratios que en la pública. Por ejemplo, en Secundaria y Bachillerato hay una proporción de 2,5 profesores por aula mientras que el Departamento de Educación subvenciona a los colegios un ratio de 1,5 por clase. El Ejecutivo debería hacerse cargo también de los gastos de funcionamiento, desde la electricidad, a los materiales, los ordenadores o las obras. Calculan que por todo ello deberían recibir otros 160 millones de euros más.
Como contrapartida, ikastolas y centros religiosos tendrían que asumir las mismas obligaciones en cuanto a escolarización de inmigrantes o necesidades especiales. «Estamos dispuestos a atender la diversidad en la misma medida que la red pública», añadieron desde Partaide. En la actualidad, entre ikastolas y colegios de iniciativa social acogen a un 35% de los alumnos extranjeros.
Nueva ley
La patronal ha planteado al Gobierno vasco la reivindicación de una financiación plena desde hace meses. Educación ha hecho pública en numerosas ocasiones su intención de aprobar una ley educativa que contemple un nuevo sistema de financiación en el que se subvencione a cada colegio según el servicio que ofrezca. Sin embargo, la normativa no ha llegado en esta legislatura y a la red concertada se le ha acabado la paciencia. A ese malestar de la patronal se ha sumado el enfado de los profesores, que han visto cómo en esta marejada se han estancado sus aspiraciones de mejoras de condiciones de trabajo. Los docentes de la privada no han cobrado la subida de sueldo pactada para 2008. Está paralizada hasta que se zanje el acuerdo entre sus 'jefes' y el Gobierno vasco.
Así las cosas, ayer los sindicatos mayoritarios en la privada -ELA, LAB y STEE-EILAS- se echaron a la calle con menos éxito del esperado. Kristau Eskola cifró en un 28% el porcentaje de docentes de su colectivo que secundó la huelga, y en apenas un 5% en Álava. CC OO, central mayoritaria en la enseñanza pública, censuró que esas tres organizaciones se negaron a firmar con la consejería el acuerdo laboral en el que se recogían unas condiciones laborales para los trabajadores «por las que ahora realizan un paro en la red concertada».