El copago de los geriátricos se concretará en un reglamento. / EFE
El proyecto de ley de Servicios Sociales, pactado por el Gobierno tripartito y los socialistas antes de su discusión en el Parlamento de Vitoria, traduce a la legislación autonómica los derechos reconocidos en la ley de Dependencia estatal; pero no sólo abarca a las personas mayores, sino todo el ámbito de la asistencia social (juventud, discapacitados, colectivos vulnerables, etc.). El objetivo es convertir los tres sistemas asistenciales de las diputaciones forales, que actualmente son diferentes y han recibido un suspenso del Ararteko, en una red para todo el País Vasco basada en principios comunes.
Las prestaciones (geriátricos, centros de día y teleasistencia, en el caso de la tercera edad, pero muchas más en para ése y otros colectivos) deberán ser las mismas en los tres territorios y ofrecerse en las mismas condiciones. Estarán recogidas en un catálogo oficial y serán un derecho objetivo de los ciudadanos, lo que significa que no podrá recortarlas un gobierno u otro. Por último, algunos servicios tendrá que pagarlos parcialmente el beneficiario, con arreglo a su nivel de renta, una fórmula que se conoce como el copago.
En el caso de los geriátricos, y tal y como venían imponiendo las diputaciones de Vizcaya y Álava, los familiares de los ancianos que dejen una deuda acumulada durante su estancia deberán responder de ella con el piso habitual del beneficiario, pero sólo cuando el inmueble sea «suntuoso». El último punto acaparó buena parte de las negociaciones entre la consejería de Javier Madrazo y el PSE. Esta última formación quería, como mínimo, suavizar las condiciones fijadas en el texto inicial de la Ley de Servicios Sociales, que había sido consensuado por el Ejecutivo autónomo con diputaciones y ayuntamientos.
El reglamento
Ese texto establecía en principio que los usuarios de los geriátricos siempre responderían de la deuda con el piso habitual, aunque declaraba exenta una cantidad: el valor medio de la vivienda en Euskadi. Al final, los socialistas consiguieron que el texto que se envíe finalmente al Parlamento excluya la vivienda del copago por principio, salvo cuando sea de lujo. No obstante, la definición de piso lujoso se deja para un reglamento que el Gobierno vasco deberá aprobarse con posterioridad a la Ley de Servicios Sociales, y en ningún caso durante la presente legislatura, sino tras las elecciones autonómicas de marzo.
Por otra parte, el Ararteko, Íñigo Lamarca, ha advertido de que el proyecto de ley, que irá aplicándose de forma escalonada durante ocho años, es un texto 'clave' no sólo para los usuarios, sino también para las entidades y los trabajadores del sector. Según un informe del 'ombudsman' del País Vasco, unas 18.000 personas se dedican a la asistencia social de forma remunerada en la comunidad y otras 60.000 lo hacen de forma voluntaria.
El estudio indica que en Euskadi funcionan 1.500 asociaciones dedicadas a atender a la tercera edad, la juventud, los discapacitados y los inmigrantes, y muchas de ellas necesitan financiación pública para realizar su labor. Para el Ararteko, una de las cuestiones claves de la ley es la elaboración de un catálogo de servicios que defina cuáles son los que tienen carácter público y cuáles no. El motivo, argumenta Lamarca, es que de ese punto dependen las condiciones de trabajo de la entidad que ofrece las prestaciones y las condiciones laborales del personal. En este sentido, la Ley de Servicios Sociales marcaría el punto de inflexión en la transición de un modelo asistencial basado en el voluntariado a otro más profesional.
