L a nueva Ley de Servicios Sociales, cuya aprobación en esta legislatura acaban de pactar el Departamento de Asuntos Sociales y los socialistas vascos, está llamada a ocuparse de toda una serie de colectivos vulnerables. Entre ellos, el de los mayores conforma un grupo de particular importancia en una comunidad de población progresivamente envejecida como es Euskadi. Aumenta la esperanza de vida, avanza al mismo tiempo la incidencia de enfermedades degenerativas, y una sociedad cada vez más condicionada por las exigencias laborales de sus miembros activos comienza a percibir la vejez como un doble problema: dentro del hogar, por la dificultad de atender de la manera más conveniente a las personas dependientes; y fuera de él, por el creciente gasto que representan para las distintas administraciones necesidades de la tercera edad como la asistencia sanitaria y domiciliaria, los centros de día o las residencias. La aplicación de la futura normativa, una vez que reciba la luz verde del Parlamento de Vitoria, afrontará en el capítulo de los geriátricos un verdadero examen. Porque el País Vasco no sólo tendrá que analizar si el hecho de tener los centros más costosos para las instituciones -para todos nosotros- proporciona también una atención a la altura de su precio. Además, deberá encontrar el modo de terminar con unas desigualdades territoriales explicables por razones históricas o políticas, pero difíciles de defender ya ante los ciudadanos y que exigen un ejercicio urgente de racionalidad.

Como en otros delicados empeños legislativos, la disposición de recursos resultará crucial para el éxito de una ley necesaria no sólo por razones de justicia hacia nuestros mayores, sino también como apoyo a tantos hogares que asumen la atención de sus personas depen dientes. En tal caso, lo que ahora es gasto social se convertirá en verdadera inversión en bienestar.