La cúpula judicial vasca renovó ayer su compromiso contra el terrorismo de ETA y reivindicó el papel determinante de los tribunales para derrotar definitivamente a la banda en el séptimo aniversario del asesinato del juez José María Lidón, tiroteado en el garaje de su domicilio de Getxo una mañana como la de ayer, en 2001. Como cada año, los magistrados, fiscales y secretarios judiciales vascos homenajearon a su compañero asesinado, un hombre «con sus virtudes y sus defectos» que salió aquel día de su casa para «seguir intentando mejorar la sociedad en que vivía». Así recordó a Lidón el presidente del Tribunal Superior vasco, Fernando Ruiz Piñeiro, en presencia de su viuda, Marisa Galarraga, y uno de sus hijos, Jordi, y de una nutrida representación del mundo de la judicatura y el derecho congregada en el recibidor del Palacio de Justicia de Bilbao.

El homenaje, un acto breve pero emotivo con poemas de Gabriel Aresti, Machado y Blas de Otero y música de Mozart, sirvió a la Judicatura para dejar patente una vez más su rechazo a la banda terrorista, que tras la ruptura de la última tregua se ha ensañado con los juzgados vascos, atacados en cuatro ocasiones desde entonces.

Los discursos de Piñeiro, de la fiscal superior del País Vasco, María Ángeles Montes, y de la presidenta de la Audiencia vizcaína, Ana Iracheta, tuvieron como común denominador la reafirmación del papel de los jueces frente al terror. El presidente del alto tribunal recordó que el 7 de noviembre de 2001 «ganaron las pistolas» porque a los etarras les resultó muy fácil acabar con la vida de Lidón, que esgrimía en cambio «un código, la ley» como única arma. «A la postre, estamos seguros de ello, con el arma de José María, con un código, con la ley en la mano - 'legea eskuetan', recalcó, en euskera-, derribaremos el muro de la bestialidad y el fanatismo. Con la ley en la mano, derrotaremos las pistolas», enfatizó Piñeiro ante los asistentes, entre ellos los portavoces de la APM, Antonio García, y de Jueces Para la Democracia, Edmundo Rodríguez, el decano de los jueces vascos, Alfonso González-Guija, la recién elegida vocal del Consejo General del Poder Judicial para Euskadi, la peneuvista Margarita Uria, su predecesor en ese órgano Juan Pablo González y el abogado Txema Montero.

En las intervenciones de los oradores, que se sumaron al dolor de la familia del magistrado y recordaron su figura y la «rabia e indignación» que provocó su asesinato, se filtró también la inquietud de los magistrados vascos ante la ofensiva de ETA contra las sedes judiciales, la última contra los juzgados de Tolosa, un edificio en el que la banda ha hecho estallar sus bombas cuatro veces en doce años.

Iracheta citó ese atentado y no dejó pasar la oportunidad de subrayar que ataques de ese tipo o amenazas como las vertidas por los terroristas en su último comunicado provocan «especial preocupación» en la sociedad. Sin ánimo de establecer «jerarquías» entre las víctimas de ETA, la presidenta de la Audiencia vizcaína recalcó que, dado que los miembros de la Judicatura ejercen su función como «guardianes de la libertad de los ciudadanos», los atentados contra el Poder Judicial atacan de manera «frontal» a la columna vertebral del sistema democrático, a la «esencia» del Estado de Derecho y a las libertades de la sociedad. «Seguro que esto es así también en la mente criminal de sus autores. Tenemos que hacer oír nuestra voz serena para hacer callar de una vez por todas la barbarie fascista», enfatizó Iracheta.

Mayor seguridad

De hecho, hace sólo un mes, esa desazón llevó a los jueces a exigir al Gobierno vasco que mejore la protección del colectivo y la seguridad de las sedes judiciales, donde los terroristas han colocado una y otra vez sus bombas sin mayores problemas a pesar de la vigilancia de las cámaras. Aquella reclamación se produjo en uno de los momentos de máxima tensión en las deterioradas relaciones entre la cúpula de la Judicatura vasca y el Ejecutivo de Vitoria, enfrentados a raíz del 'caso Ibarretxe' -que será juzgado, junto con Patxi López y Arnaldo Otegi a partir del 8 de enero- y las presiones que, según entienden los magistrados, se han sucedido desde el ámbito gubernamental.

A su vez, el Gabinete Ibarretxe no ha dudado en criticar la supuesta politización de los magistrados e incluso ha llegado a poner en duda el talante democrático del presidente del TSJPV, como hizo el consejero Joseba Azkarraga. Ayer no acudió al homenaje, aunque envió al 'número dos' del Departamento de Justicia, Josu Sagasti, que tomó la palabra para evocar el recuerdo «permanente» de Lidón y el «privilegio» de haberle tratado en sus facetas de juez, profesor universitario y en la relación personal.

El acto concluyó con una ofrenda floral frente a la placa que recuerda al magistrado en el Palacio de Justicia y una selección musical y literaria presentada por el presidente de la Sala de lo Contencioso, Juan Luis Ibarra. Un juez, un fiscal y una secretaria judicial leyeron los poemas, entre ellos 'Pido la paz y la palabra' de Blas de Otero. Como dijo Ibarra, «una proclama y un proyecto de acción que quienes asesinaron a José María no han evitado que sigamos recorriendo alumbrados por su memoria».