POLÍTICA
Las exhumaciones se suspenden hasta
que la Sala de lo Penal decida si Garzón
puede investigar sobre los desaparecidos
08.11.08 -
Javier Gómez Bermúdez, presidente de la Sala de lo Penal. / EFE
La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional decidió ayer suspender de forma cautelar la apertura de fosas comunes de la Guerra Civil y el franquismo hasta que se resuelva si el juez Baltasar Garzón es competente para investigar la existencia de desaparecidos en esa etapa histórica. Los magistrados, reunidos en un pleno urgente para resolver un recurso de la Fiscalía, acordaron por diez votos a cinco frenar las exhumaciones hasta resolver el fondo del conflicto: el convencimiento del Ministerio Público de que el juez no tiene base legal para conducir una causa penal contra el alzamiento y posterior dictadura militar del general Francisco Franco.
Más que extraordinario, el pleno fue intempestivo, y provocó la suspensión inmediata de todos los juicios en marcha. En cerca de tres horas de intenso debate, los magistrados no entraron en la cuestión de fondo: la competencia o no Garzón y de la Audiencia Nacional para investigar estos crímenes. Tan sólo estudiaron el recurso de la Fiscalía, que quiere que el juez se limite a practicar diligencias «esenciales» que no causen perjuicios de difícil reparación a terceros, en referencia a la exhumación de cadáveres.
El Ministerio Público cuestionó la investigación del franquismo desde el primer momento, pero el juez Garzón «ha seguido ordenando la práctica de diligencias y dictando resoluciones» antes de que se haya acordado si es competente. Por ejemplo, la autorización dada el pasado 16 de octubre para abrir 19 enterramientos en Andalucía, las dos Castillas y Madrid, entre ellos el situado entre los términos granadinos de Víznar y Alfacar, donde se supone que están sepultados los restos del poeta Federico García Lorca. Santiago Pedraz, sustituto legal de Garzón durante su baja médica, amplió este permiso el pasado miércoles al ordenar la exhumación de ocho cadáveres de republicanos enterrados en el Valle de los Caídos.
La Fiscalía cree que, conforme a la Ley de Enjuiciamiento Criminal, Baltasar Garzón no puede practicar más diligencias que las que sean necesarias para comprobar el delito o de reconocida urgencia, y parece obvio, añade, que todas las diligencias acordadas hasta la fecha «no revisten ese carácter».
El debate sobre si la apertura de fosas es «urgente» fue en ocasiones virulento, según fuentes de la Audiencia. Al final, diez magistrados apoyaron la suspensión, por entender que las exhumaciones no corren prisa y su legalidad podría ser incluso cuestionada si Garzón pierde la competencia para investigar. El presidente de la Sala, Javier Gómez Bermúdez, y los de las tres secciones que completan el tribunal defendieron esta tesis, respaldados por otros seis miembros. Enfrente, cinco magistrados admitieron que abrir las fosas no es urgente, pero tampoco entorpece la causa y tiene aval legal, puesto que el artículo 22 de la ley de enjuiciamiento autoriza a los instructores cuya competencia se cuestiona a realizar las diligencias que crean pertinentes hasta que el tribunal resuelva.
Paralizadas las excavaciones, el sumario 53/08 queda congelado hasta que la Sala de lo Penal resuelva si Garzón es o no competente para investigar la desaparición de personas durante la Guerra Civil y el franquismo. El convencimiento generalizado en la Audiencia Nacional es que de las hostilidades desatadas saldrá vencedor el fiscal jefe, Javier Zaragoza, y el juez perderá su jurisdicción sobre la causa.
Divergencias
Desde que Garzón abrió una causa penal contra la dictadura se ha topado con la firme oposición de la Fiscalía, que considera que la Ley de Amnistía de 1977 impide investigar delitos comunes, que serían competencia de la justicia ordinaria, y que, en todo caso, estarían prescritos. Zaragoza defiende esta postura con total respaldo del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido.
Las asociaciones de Memoria Histórica, que apoyan sin fisuras la competencia de Garzón para exhumar los restos, sin embargo se mostraron divididas ante la decisión judicial. Así, Luis Muga, abogado de la Federación de Foros por la Memoria, aplaudió el dictamen porque cree que las pruebas recabadas en los desenterramientos ordenados por Garzón podrían perder «todo valor judicial» si finalmente se le niega la jurisdicción. Sin embargo, Manuel Escarda, médico forense de la Asociación de la Memoria Histórica de Valladolid, aseguró que «un informe bien hecho sobre las exhumaciones» tiene «total validez» ante cualquier juez, tanto si Garzón es o no competente.
Muy crítico fue también Emilio Silva, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, quien anunció que su asociación continuará con las exhumaciones, ya que considera que «no hay ninguna ley que en España» que impida abrir enterramientos «que fueron ilegales».
